Se concretó el primer anticipo de las graves consecuencias para el deporte guatemalteco causadas por un infortunado fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) al favorecer a una de las partes en pugna por dominar el Comité Olímpico Guatemalteco (COG). Existía una advertencia, pero ayer se adelantó el primer efecto: el Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva de Centroamérica (Ordeca) suspendió los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe que iban a ser celebrados en conjunto por Costa Rica y Guatemala, entre el 27 de octubre y el 13 de noviembre, debido a que el 15 del próximo mes el deporte guatemalteco podría quedar excluido de toda participación en el ciclo olímpico si la CC no revierte el fallo en contra de la actualización de estatutos exigidos por el Comité Olímpico Internacional (COI).

El conflicto que ahora impacta a todos los deportistas de la región surgió desde la elección, el 9 de octubre del 2021, de una planilla encabezada por Jorge Rodas para dirigir el COG, lo cual fue impugnado, por anomalías, por la planilla integrada por las actuales autoridades de la entidad. El 22 de diciembre del año pasado las autoridades del COG modificaron los estatutos en Asamblea General, y un día después el COI dio el visto bueno basado en la Carta Olímpica. Después, el COG creó una Comisión Electoral para efectuar una nueva elección el 24 de marzo del 2022, la cual confirmó la reelección de Gerardo Aguirre, que fue avalada por el COI.

El Tribunal del Deporte Federado, ya desconocido por el COI y excluido del proceso por los nuevos estatutos, solicitó un recurso de amparo ante la CC, que decidió suspender los cambios requeridos por la autoridad olímpica mundial, que a su vez advirtió de la posibilidad de una suspensión para el país si no se revertía el mencionado fallo.

La planilla de Rodas carga con el señalamiento de contar con el supuesto apoyo del oficialismo gubernamental, mientras que Gerado Aguirre es cuestionado por opacidad y dispendio en la utilización de los recursos del deporte. Ahí radica el quid del asunto: la disputa es en realidad por el control de un millonario botín sobre el cual se rinden muy pocas cuentas. Parte de las exigencias del COI es que se respeten sus estatutos establecidos en la Carta Olímpica. No hay bando bueno, pero sí víctimas colaterales: cientos de deportistas guatemaltecos que quedarán fuera de cualquier participación regional o mundial debido a la intromisión de la CC, dominada por votos afines al oficialismo.

El 23 de agosto se reunió dicha Corte para revisar el amparo otorgado al Tedefe, que debió ser improcedente desde el inicio, a causa de su falta de personería jurídica y a la autonomía contitucional del deporte. La votación fue dividida. A pesar de las solicitudes de grupos de seleccionados guatemaltecos para tener la oportunidad de participar en justas internacionales, los magistrados Dina Ochoa, Leyla Lemus y Héctor Pérez Aguilera mantuvieron la suspensión de estatutos exigidos por el COI, con el argumento de que violan la Constitución, como si los tratados internacionales signados por el país no tuviesen preeminencia. En realidad solo ponen de manifiesto el apoyo oficialista a una de las planillas.

Ante dicha postura, el Comité Olímpico Internacional anunció la suspensión del deporte guatemalteco a partir del 15 de octubre próximo —plazo final puesto por el COI— si la CC se empecina en bloquear la actualización de estatutos. En efecto, se necesita más transparencia, pero por esta vía no se conseguirá. Falta un mes; sin embargo, el primer efecto de la tozudez de tres magistrados está a la vista.