Por alguna razón, si no es que instrucción, el ministro de Cultura ha manifestado la intención de volver a remover el improvisado altar erigido en la Plaza de la Constitución en memoria de las 41 menores que murieron el infausto 8 de marzo del 2017 en el incendio del mal llamado Hogar Seguro, una tragedia que ocurrió a causa de una cadena de malentendidos, descuidos, ambigüedades e incluso prejuicios, cuyo proceso judicial  ya lleva más de dos años a causa de diversos recursos legales.

La rueda con cruces, ahora de madera, con nombres de las víctimas inquieta al titular de la cartera, quien manifiesta preocupación por la seguridad de los niños. Además, declaró que la Plaza de la Constitución no es un cementerio y que “ya pasaron dos años”, como justificación de una posible nueva orden de remoción del memorial. Cabe preguntar si solo es el aspecto estético el causante del malestar o bien es el mensaje de fondo que hay detrás de dicha instalación, que fue retirada por las autoridades poco antes de los actos conmemorativos del 15 de septiembre y vuelta a colocar por organizaciones que reclaman justicia.

El problema de fondo, en esta situación específica, es que tal supresión atentaría contra la libertad de expresión, que no debe ser limitada por ningún motivo, ya sea por criterios religiosos o ateos, políticos o económicos, ornamentales o utilitarios, ideológicos o simple cuestión de gusto, sobre todo si se considera que fue bajo la autoridad de una secretaría presidencial del gobierno saliente que ocurrió dicha cadena de sucesos. De hecho, el propio mandatario tuvo conocimiento de los sucesos del Hogar Seguro horas antes de que ocurriera el fatal desenlace, según el testimonio de un subcomisario.

Si el Ministerio de Cultura tiene tan oficioso interés en el buen aspecto y la protección del Patrimonio, no debería concentrarse solo en el improvisado monumento, ya que   existen otras situaciones dignas de atención. Podría, por ejemplo, agilizar la gestión ante la Policía Nacional Civil y la comuna capitalina para que retiren el dormitorio público  con pestilente sanitario incluido instalado  por indigentes a un costado del edificio de la Biblioteca Nacional, Hemeroteca Nacional y Archivo General de Centro América. Por cierto, tales entidades resguardan valiosos documentos históricos, pero sobreviven con ínfimos recursos y nadie se molesta en revisar tal situación.

Las escuelas nacionales de arte también enfrentan  limitaciones de  presupuesto  y sus docentes quedan relegados al momento de cualquier incremento salarial. Los sitios arqueológicos del país, que se promocionan   en la publicidad turística del país, se encuentran sin  mejoras ni existen proyectos significativos de restauración, museografía o investigación sobre todo  aquellos que se encuentran en áreas remotas, tales como Piedras Negras, Aguateca o Dos Pilas,  lo cual sí debería ser una meta obsesiva para el titular de Cultura.

Ni en sueños existe un proyecto de ampliación o creación de un nuevo Museo Nacional de Arqueología, con programas educativos, de restauración y exhibición de piezas, pero eso no parece indignar tanto como unas cuantas cruces fúnebres en una plaza pública. El gobierno entrante debe evaluar la designación de una persona proactiva, sensible, eficiente y conocedora de los desafíos  culturales de una Nación que tiene tanto talento y tesoros milenarios qué ofrecer al mundo. O puede volver a tropezar con la misma piedra burocrática y preocuparse solo por las simples apariencias.