A causa de patrones culturales retrógrados, estereotipos desfasados y actitudes antisociales, en Guatemala ocurren lamentables situaciones que atentan contra la dignidad y derechos de las mujeres, a través de manifestaciones que pueden llegar a las agresiones psicológicas, verbales, económicas y físicas. Dentro de esa triste serie de transgresiones se encuadran prácticas como el acoso callejero, la discriminación laboral, el chantaje económico, gritos, golpizas, abusos sexuales, ataques armados y, por desgracia, femicidios.

Cada día se presentan al Ministerio Público, en promedio, 27 mujeres que denuncian agresiones. En 2018, según datos del Inacif, cada día fueron asesinadas dos mujeres; en ese mismo año se efectuaron más de 5 mil evaluaciones psicológicas a niñas y adultas por casos de violación, así como casi 2 mil exámenes clínicos a causa de violencia en el hogar, cifras que reflejan la magnitud de un problema cuyo combate requiere un sólido esfuerzo nacional.

Hay otros ámbitos adversos. Por ejemplo, en lo político. Según resalta la Organización de Naciones Unidas, las guatemaltecas son el 53.9% del padrón electoral, pero ello no se ve reflejado en la representación del Congreso de la República y los partidos políticos no tienen lineamientos serios para nivelar esta realidad; así también, en ciertas regiones del país, sigue subsistiendo la triple exclusión, por ser mujeres, ser pobres y ser indígenas, un panorama que es urgente transformar.

En el ámbito urbano, son incontables los casos de acoso contra mujeres, incluyendo adolescentes y niñas, en las calles o unidades de transporte, comportamientos denigrantes que usualmente quedan impunes.
La anterior exposición de situaciones negativas no debe entenderse como la magnificación de un problema social, sino como un llamado a la reflexión en todos los niveles y una exhortación a continuar con el esfuerzo colectivo por erradicar prácticas que conculcan los derechos de las mujeres, cuyo día mundial se conmemora hoy.

En la familia se debe dialogar para avivar una cultura de valoración y respeto que contribuya a romper todos aquellos modelos de segregación que limitan el acceso a la educación a las niñas, así como poner fin a prácticas nefastas como los matrimonios de menores o los ultrajes de cualquier tipo.

En los establecimientos educativos, los docentes deben fomentar el aprendizaje igualitario, así como alimentar las perspectivas de superación por capacidad y esfuerzo personal para mujeres y varones. La población universitaria femenina ha crecido en el país en los últimos años y esto es un indicador de ese enorme potencial intelectual que puede llegar a ser un factor clave de desarrollo.

En el ámbito laboral, las mujeres ganan por mérito propio espacios de acción y decisión; a la vez, un fuerte número de emprendimientos económicos son llevados a cabo por pequeñas y medianas empresarias.

Es por ello que la lucha por garantizar mejores oportunidades y proteger los derechos de las nuevas generaciones de guatemaltecas debe ser constante y enérgica. Existen iniciativas dignas de apoyo que generan desde ya expectativas renovadas, pero se necesitan planes de Nación que aseguren la continuidad de programas en favor de miles de niñas, que serán las madres, profesionales y protagonistas de un futuro promisorio.