El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció ayer la aplicación de una sanción a través de la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos en contra de dos personas y tres empresas. “El líder de las operaciones mineras de Solway en Guatemala, el ciudadano ruso Dmitry Kudryakov junto con la ciudadana bielorrusa Iryna Litviniuk, supuestamente dirigieron múltiples esquemas de soborno durante varios años que involucraron a políticos, jueces y funcionarios gubernamentales”, se lee en el comunicado del Departamento de Gobierno estadounidense que menciona a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), a la Compañía Procesadora de Níquel (Pronico) y a Mayaníquel, que, según EE. UU., “funcionan como subsidiarias del grupo Solway Investment”.

La Ley Magnitsky fue creada en 2012 para combatir prácticas lesivas a los derechos humanos y actos de corrupción. Debe su nombre al abogado ruso Serguei Magnitsky, quien denunció corrupción en su país pero fue encarcelado y murió en prisión. La sanción implica que se congelen activos económicos y la imposibilidad de efectuar transacciones con cualquier empresa que tenga intereses en EE. UU. A los sancionados se les impuso por “haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, corrupción relacionada con contratos gubernamentales, o la extracción de recursos naturales, o el soborno”.

La empresa Solway Investment Group aclaró que “no es rusa” y que “Mayaniquel no es y nunca ha sido parte” de la entidad. Agrega que “tanto Dmitry Kudryakov como Iryna Litviniuk ocupan puestos directivos en las filiales; ambos son inmediatamente suspendidos de sus cargos hasta que se aclare la situación”. El vocero de la CGN confirmó que Kudryakov preside la entidad y que Litviniuk es directora de Desarrollo Sostenible de Solway. Mayaníquel considera un error del Departamento de Estado haber hecho este nexo con Pronico y declaró que se han puesto en contacto para desmentirlo.

La mención de la CGN en esta sanción hace inevitable recordar una nota del 24 de agosto de 2021, publicada por el New York Times, acerca de la hermética visita de unos empresarios rusos vinculados con la minería de níquel y que habrían tenido anfitriones gubernamentales. Según un testigo protegido, hasta hoy no identificado, acompañó a uno de los visitantes a las oficinas de la CGN. También habló de un supuesto soborno entregado en una alfombra al presidente Giammattei Falla. El mandatario rechazó categóricamente el señalamiento y el Ministerio Público, a través del jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, declaró que no había investigación alguna en ninguna fiscalía al respecto.

Un mes antes, el 24 de julio, había sido destituido el entonces jefe de dicha fiscalía, Juan Francisco Sandoval, por “irrespeto” a la fiscal general y por “menoscabar” su condición de mujer, según el comunicado oficial del MP. Desde el exilio, este dijo que, en efecto, había recibido aquel supuesto testimonio, pero que no tuvo tiempo para emprender las pesquisas respectivas para corroborarlo. La sanción de la Ofac pone ahora de nuevo en la mira el polémico tema de la minería de níquel en Izabal, en donde el Gobierno efectuó en 2020 operativos policiales contra pobladores que bloqueaban la ruta y otorgó en 2021, después de 11 años de haber sido solicitada, una licencia de explotación, poco después de la visita de los inversionistas.