Sin haber revisado públicamente la planilla estatal, sin haber propuesto una depuración de personal en el Congreso, sin haber denunciado pactos colectivos lesivos y sin haber demostrado eficiencia para la ejecución de fondos, ni siquiera en aquellos destinados a la atención de la emergencia —incluyendo los salarios de médicos en hospitales covid—, el Gobierno pretende un presupuesto de Q99 mil 700 millones, de los cuales un tercio se planea financiar con deuda.

De por sí, ya es bastante dudosa la calidad de ejecución de los créditos que el Congreso oficiosamente aprobó para la atención del covid-19 y sus efectos sanitarios y económicos. Resulta urgente hacer un corte de caja claro, con auditoría externa, para saber el monto de lo gastado así como los recursos pendientes de utilizar y que deberían entrar al financiamiento del gasto del 2021.

Las justificaciones en jerga tecnocrática abundan, también las excusas de que la deuda todavía está en “niveles seguros” y las comparaciones con otras economías que nada tienen que ver con Guatemala, pero los efectos para la población son simplemente crecientes. No se sabe si cada guatemalteco que nace tendrá acceso a salud primaria, a educación pública o si contará con la nutrición suficiente, pero sí trae una deuda de más de Q10 mil 651, la cual aumentará automáticamente si el Congreso aprueba tan descomunal tarjetazo de crédito.

Ciertamente hay más de Q4 mil millones destinados a proyectos de reactivación económica, la mayor parte de los cuales van a la construcción y mejora de infraestructura, un rubro de vital importancia que puede marcar una diferencia en la competitividad del país.

También es posible comprender que el sistema de salud del país necesita un refuerzo de infraestructura y personal que debe perdurar más allá de la pandemia, a fin de transformar el panorama preventivo en materia de maternidad, desnutrición y atención primaria, pero tan solo en este año han aumentado las muertes maternas, se ha agudizado el hambre infantil y continúan los traspiés para pagar sueldos a personal hospitalario.

Cuando era candidato, el señor presidente A. Giammattei insistió en que no quería repetir los errores de sus antecesores y que se potenciaría “un gobierno totalmente electrónico, totalmente abierto, que cualquiera pueda acceder en cualquier momento y no tener que hacer una solicitud de información”, según declaró en entrevista con Prensa Libre en 2019. Aunque ya fue despedido el director de Caminos, que alegó una falsificación de su firma y luego se retractó a medias, todavía no se ha podido tener el desglose del destino concreto de las transferencias. Si así es cuando el Ministerio de Comunicaciones tiene Q4 mil 700 millones de presupuesto, ¿cómo se va a garantizar la administración transparente de Q10,242 millones?

Sería lamentable que la historia del Presupuesto 2021 repita la trama de la anticipada elección de junta directiva del Congreso, que reunió 107 variopintos votos. Fueron cohesionados por tratos y acuerdos bajo la mesa cuyos alcances aún no se conocen, pero se intuyen, entre ellos el reparto de recursos para determinados distritos, de obras para ciertos allegados a diputados vinculados con contratistas o de plazas para pagar fidelidades electoreras. El Presupuesto de Ingresos y Egresos no es un botín, se debe discutir de forma técnica, no politiquera; con interés en una visión de Estado, no sometiendo al Estado a la visión de ciertos intereses.