Mientras en Guatemala surgen nuevas sindicaciones por corrupción contra el presidente Jimmy Morales e incluso la posibilidad de una nueva solicitud de antejuicio, este parece seguir a pie juntillas un guion preestablecido para llevar su confrontación con las Naciones Unidas al escenario internacional. Seguramente lo hará en los días que le quedan en la presidencia en cualquier foro al que tenga acceso.

Ayer, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, Juan Francisco Sandoval, declaró que se estudia la posibilidad de investigar al presidente para determinar su nivel de involucramiento en el caso Botín Registro de la Propiedad, pues los cheques con los cuales se pagó a los proveedores provienen de una cuenta a nombre del mandatario y de su hermano Samuel Morales.

Esto ocurría mientras Morales atacaba en la capital colombiana a la dictadura de Nicolás Maduro, pero poniendo especial énfasis en arremeter contra Naciones Unidas, organismo al que cuestionó, y de manera especial contra la actual alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, a quien señaló de no proceder “de acuerdo a su mandato”.

Aunque no era previsible que el gobernante llevara su discurso de confrontación y ataques contra la ONU, cabe recordar que a principios de este mes Bachelet lanzó una dura crítica desde Ginebra por la falta de garantías en Guatemala para los jueces, quienes se han quejado de los cambios recientes respecto de la seguridad de su entorno.

No era necesario, pero es obvio que quienes le ajustan el libreto a Morales van a insistir en confrontar a la ONU y a quienes se muestren críticos hacia su gestión, pues ha sido la tónica adoptada durante las últimas semanas. Tampoco se debe descartar el conocido levantamiento de cortinas de humo para desviar la atención de la problemática doméstica y sobre todo cuando el presidente, sus familiares y numerosos de sus colaboradores cercanos enfrentan sindicaciones de corrupción.

Morales debería empezar por resistirse a continuar pronunciando discursos que resultan incoherentes con su gestión, pues su gobierno está dando los mismos pasos que antes dieron Nicolás Maduro y, más recientemente, Daniel Ortega, quienes han violentado abiertamente el estado de Derecho en sus países y han reprimido a sus respectivas poblaciones en niveles intolerables.

El mandatario no tiene la solvencia para exigir a otros países que respeten la democracia cuando él ha sido parte crucial de un pacto de corrupción que ha impulsado leyes en favor de la impunidad, ha violentado un acuerdo con la ONU y carga con señalamientos serios de corrupción que comprometen la imagen de Guatemala, entre ellos recibir un sobresueldo de recursos del Ejército o no declarar millonarios aportes a su campaña electoral.

Es inevitable preguntarse si el presidente Morales no busca desviar la atención sobre la problemática que él mismo ha creado y si al arremeter contra la ONU él y sus asesores no están de nuevo jugando a embaucar a la diplomacia de Estados Unidos. Esa nación debería también poner atención sobre quiénes le acompañan en esta nueva aventura, pues un alto porcentaje de países involucrados en la exigencia por el retorno de la democracia en Venezuela también tienen techo de vidrio, el cual podría empezar a crujir a la caída de la tiranía venezolana.