Cada mandatario latinoamericano que pasó al podio durante el 77 período de sesiones de la Organización de Naciones Unidas llevó sus consignas de campaña, si recién llegó al cargo, y enarboló —o evitó— temas de acuerdo con lo que más se ajustara a su agenda de defensa frente a las críticas, internas o externas, a su estrategia de posicionamiento internacional y a su particular reafirmación de posturas y apoyos, definidos quizá con base en convicciones, conveniencia o simple y llana egolatría, una tentación siempre latente.

El cambio climático figuró en algunos discursos, como asunto políticamente correcto y planetariamente urgente. Hubo propuestas de luchar contra este fenómeno, pero muy pocos ejemplos coherentes en el propio país. En efecto, las naciones industrializadas contaminan más, mientras que la población de las más pobres suele estar dentro de los más vulnerables a los desastres de este tipo.

También fue reiterado el reclamo de respeto a la soberanía nacional como un tópico que ya se vuelve lugar común y hasta contradictorio, pues se trata de un foro internacional creado precisamente para promover el respeto entre naciones. Detrás de tales reivindicaciones nacionalistas suele existir el afán de conseguir indiferencia ante procesos gubernamentales que atentan contra el estado de Derecho, el balance de poderes y el respeto de garantías ciudadanas individuales que sí son universalmente soberanas. La de Guatemala fue de esas alocuciones, en coincidencia con llamados similares de El Salvador y Honduras, aunque coloreada con invocaciones de apoyo a Taiwán, Israel y Ucrania, cuya invasión por parte de Rusia mereció un repudio unánime entre los participantes.

Los reclamos por un replanteamiento de la ONU y agencias también fueron repetidos. En algunos casos hubo propuestas puntuales, como la de reforzar la lucha por la conservación ambiental o balancear mejor la integración y toma de decisiones del Consejo de Seguridad. En otros casos se pidieron cambios sin especificar, pero ello evoca desconocimiento o bien incomodidad sobre el papel de la institución en la defensa de los derechos humanos y el impulso del desarrollo sostenible a través de políticas gubernamentales coherentes.

Varios mandatarios, recientemente electos en procesos democráticos, salieron en defensa de regímenes como el de Venezuela y Cuba, en donde no existe tal posibilidad. Otros, se limitaron a callar respecto de abusos como los de la dictadura nicaragüense. Son exhortaciones o silencios que tácitamente avalan despotismos. A final de cuentas, es el respeto a las garantías ciudadanas y la mejora de indicadores de desarrollo integral los que mejor hablan de respeto a la soberanía fundamental: la del ciudadano que vota, tributa y sigue trabajando aunque se vayan los gobiernos.

Es evidente que ciertos presidentes no van a hablarle al pleno de la ONU, sino a críticos y opositores dentro de sus países, así como a superpotencias contra cuyos gobiernos no profieren protestas directas, por obvias aprensiones. Pero también para eso fue creada la ONU, el foro multilateral por excelencia y ente a cargo del seguimiento a los objetivos globales de mejora. Los gobiernos, temporales por naturaleza, desean cooperación, espaldarazos y análisis, siempre y cuando no contradigan su propaganda oficialista. Cuando esto ocurre, brotan las quejas de supuesto sesgo ideológico, aunque los datos hablen por sí solos de la cruda realidad de su ineficiencia.