EDITORIAL
Dos décadas de pagos a ciegas y a la fuerza
El conflicto armado dejó graves pérdidas humanas y de infraestructura, rezagos y, sobre todo, una polarización acicateada por conveniencia.
El Congreso de la República sentenció ayer a la ciudadanía tributante a seguir pagando, a ciegas y a la fuerza, por un conflicto armado que finalizó hace 28 años. ¿Cuánto costará al erario? Habría que preguntarles, pero no les importa, porque no es su dinero. Es un cuento viejo. En 2002 surgió un primer grupo de personas que cobraban por servicios prestados. Eran expatrulleros civiles (ex PAC); es decir, ciudadanos enlistados a la fuerza en comunidades para defenderlas de ataques insurgentes. No eran oficialmente parte del Ejército. Unos decían que fue por coacción, otros, que por convicción, pero igual exigían pago. Bloquearon carreteras y el acceso al aeropuerto La Aurora en demanda del beneficio por servicios a la patria.
El gobierno del Frente Republicano Guatemalteco ofreció otorgar el pago; claro, a costillas de la ciudadanía tributante. Quizá esperaba que aquellas hordas se convirtieran en flujo de votos en las elecciones de 2003, precisamente cuando fue candidato el general Efraín Ríos Montt (1926-2018), en cuyo gobierno de facto se crearon las PAC. Quedó en tercer lugar. En la siguiente gestión se acordó pagarles a los reclamantes a cambio de reforestación. Bosques para la Concordia se llamó el programa. Ninguna dependencia estatal monitoreó el impacto forestal real, pero costó unos Q2 mil millones.
A mediados de 2019, coincidentemente año electoral, apareció otro grupo de supuestos veteranos del Ejército reclamando pagos por su servicio a la patria. Varios diputados oportunistas se montaron en ese caballito electorero para echar de nuevo sobre los hombros del resto de ciudadanos el costo de una guerra cada vez más lejana. Lo más dudoso de todo fue la falta de nóminas de efectivos en los archivos castrenses.
El entonces candidato presidencial, Alejandro Giammattei, les alimentó la ambición a varios dirigentes. Quedaron grabadas en video sus arengas a un grupo de exmilitares para que fueran juntos a reclamar al Congreso y que, en todo caso, él sí les iba a cumplir con los arbitrarios montos reclamados de hasta Q120 mil. Luego de más manifestaciones, bloqueos, amenazas, agresiones a periodistas y la quema de vehículos en el parqueo del Legislativo, el oficialismo anterior los complació. El 12 de octubre de 2022, durante la presidencia de Shirley Rivera en este organismo, se aprobó una norma para avalar nuevos pagos a exmilitares, con el ambiguo nombre de “Ley temporal de desarrollo integral”, con el obvio propósito de disfrazar su fin electorero.
Para septiembre de 2023 se habían erogado más de Q180 millones en pagos para unos 45 mil excombatientes que recibirán Q36 mil en tres años. Los supuestos exdefensores de la patria volvieron recientemente a las protestas callejeras para reclamar pagos atrasados. Además, ahora podrían sumarse hasta 60 mil supuestos combatientes. Ello sin incluir a otro grupo que exige Q120 mil.
El conflicto armado dejó graves pérdidas humanas y de infraestructura, rezagos y, sobre todo, una polarización acicateada por conveniencia. Pero es tiempo de hacer cuentas reales sobre cuántos integrantes tuvo el Ejército en esos años y corroborar la edad e identidad de esos presuntos exmilitares. Como en 2022, es deleznable y abyecta la avidez por sacar raja politiquera de un pasado doloroso que nunca debe repetirse. Además, la tal reforma a la ley debió incluir una cláusula en contra de reclamos fraudulentos y otra para poner fin a este tipo de erogación, estipulando taxativamente que se trata del último programa de su tipo, para no seguir lastrando al erario.
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