No hay promesa electoral viable si no existen recursos para concretarla, y no es posible reunir fondos estatales sin los tributos aportados por micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. No se trata de una hipótesis ni de un axioma, sino la simple y llana realidad. El Estado no produce nada y su función fundamental es proteger —no agredir ni acosar— los derechos de los ciudadanos para que puedan desarrollarse, gozar de seguridad pública, certeza jurídica y de un marco institucional en el cual desenvolverse con visión proactiva, global e innovadora.

Ciertos abordajes plantean equiparar el funcionamiento del Estado al de una empresa, pero sus dinámicas están regidas por principios dispares, comenzando por estamentos legales y políticos propios, así como acuerdos internacionales. No obstante, coinciden en aspectos como la aspiración constante a la transparencia, la cuentadancia y la eficiencia en el manejo de recursos, y el funcionamiento específico de sus dependencias. Además, en las instituciones de Estado se ejercen potestades que provienen de la soberanía nacional, la cual, a su vez, radica en los ciudadanos.

En cada ciclo de campaña electoral se escuchan ofrecimientos de todo tipo, entre los cuales la población elige las opciones que mejor proyectan sus expectativas del momento. Por desgracia, a menudo se pierde el foco de la discusión en diatribas prejuiciosas y propaganda vacua —canciones, ardides publicitarios y ahora hasta triviales videos de TikTok— que desplazan la seriedad del debate a un segundo plano. Es ineludible, en períodos eleccionarios, el ofrecimiento de mejores condiciones para la productividad, la atracción de inversiones y generación de oportunidades de empleo.

Sin embargo, a largo plazo, más allá de los gobiernos, dichas expectativas quedan en las manos y esfuerzos de empresarios, comerciantes, industriales, transportistas, emprendedores y prestadores privados de servicios que requieren de un marco institucional estable, así como de políticas monetarias y fiscales coherentes. También precisan de infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria de calidad. De enero a marzo del 2023 el producto interno bruto del país creció 3.7 por ciento, un desempeño positivo, aceptable, empujado sobre todo por la fuerte actividad de construcción, el sector financiero y de seguros, y los servicios de alojamiento y alimentación, junto a muchos otros. En otras palabras, el esfuerzo productivo de todos los guatemaltecos labra esperanzas de mejora que demandan un Estado eficiente.

Los gobiernos suelen incurrir en el error de atribuirse como “logro” el crecimiento y de buscar excusas para desentenderse cuando la economía se contrae, cuando en realidad forman parte de un engranaje. Es fundamental que los partidos, los candidatos y los equipos que van al balotaje expliquen sus planes económicos. Todavía no es posible decir cuánto impactará la judicialización interesada del proceso electoral, pero es necesario afirmar que solo la continuidad democrática y el estado de Derecho aseguran una ruta competitiva.

En otras palabras, no se trata —ni se ha tratado nunca— de quién alardea más, sino de propiciar la generación de bienes y servicios, productos de exportación, atracción de capitales estables y la garantía de un entorno fértil para los negocios, que incluye el combate a la corrupción, la reducción de la discrecionalidad judicial, la simplificación de trámites y la aprobación de normas relegadas, como la ley de competitividad.