La corrupción no solo es un barril sin fondo que devora recursos públicos supuestamente destinados al desarrollo y que van a dar, por intermedio de funcionarios venales de todo nivel, a bolsillos particulares mediante diversos amaños a los procesos de compras, contratos, controles aduaneros y fronterizos, emisión de permisos, uso de documentos alterados, participación de prestanombres, creación de empresas de cartón, pagos por plazas fantasma y toda una serie de infames parafernalias para desfalcar al Estado.

Exgobernantes y exfuncionarios son señalados como autores intelectuales o figuras accesorias de un expolio repetitivo, amparado en el secretismo y las deficiencias de los mecanismos de fiscalización, que a menudo han sido deliberadamente copados e instrumentalizados como encubridores. Los procesos judiciales se ven entrampados por variopintas estrategias de defensa, desgaste y hasta intentos de remoción de fiscales. Asimismo, hay peticiones de retiro de inmunidad que nunca prosperan a pesar de la presentación de indicios elocuentes.

Cuando desde ciertas magistraturas se protege de manera oficiosa a determinadas figuras políticas con las que tienen nexos de afinidad o conveniencia legislativa para que no sean investigadas, cuando salen a luz complejas estructuras urdidas con la evidente intención de obtener recursos ilícitos, cuando mafias del contrabando y el narcotráfico utilizan los canales electorales legales para impulsar candidaturas de alcaldes o diputados compinches, deben sonar las alarmas ciudadanas para atajar el avance de tan nefastos síntomas.

Muchas personas caen en el error de creer, quizá por el relajamiento de algunas restricciones o por simple negación, que el covid es menos peligroso, al punto de casi asumir que desapareció la amenaza. Algo similar ocurre con la corrupción, que al tornarse un tema reiterativo, tedioso y hasta incómodo, ciertos sectores prefieren ver hacia otro lado, decir que son exageraciones, ataques políticos, asumirlo como inevitable o, peor aún, de un “mal necesario”. No faltan quienes lo relacionen con agendas ideológicas o alteración constitucional para desvirtuar la batalla por fortalecer la institucionalidad del Estado y sus organismos.

La corrupción en los países no solo es una amenaza para el avance social, la gobernanza, la mejora educativa, la optimización de infraestructura y el crecimiento económico: también es una amenaza para la seguridad regional y hemisférica, puesto que, por ejemplo, si un puerto, aeropuerto o frontera terrestre es permeable al trasiego de drogas o personas, también lo puede ser al paso de armas o de grupos terroristas. Por otra parte, los estados desangrados por el saqueo y lastrados por la negligencia de funcionarios no idóneos difícilmente podrán mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, lo cual detona oleadas de migrantes con rumbo al norte.

Eso es lo que aborda el Congreso de Estados Unidos al lanzar ayer una nueva estrategia de compromiso con el Triángulo Norte, que incluye la cooperación para el desarrollo, el fortalecimiento de la justicia y, en especial, el combate frontal a la corrupción, mediante la identificación de personas involucradas con esta deleznable y parasitaria forma de vida. Se trata de una postura bipartidista que no dependía de que ganara Donald Trump o Joe Biden, sino de una previsión muy poco halagüeña de futuro si no se desarticula y elimina a los grupos que viven de la trampa, la coima y los pactos inicuos.