La despedida del improductivo bienio legislativo 2020-2021 presidido por el diputado oficialista Allan Rodríguez fue un anuncio sin vergüenza: emitió un acuerdo según el cual el Congreso de la República quedaba desligado del sistema Guatenóminas, en donde entidades del Estado reportan como obligación de acceso a la información pública los datos de contrataciones de personal. Rodríguez fue señalado de reavivar la nefasta contratación de plazas clientelares a costa del erario. De hecho, a su salida de la presidencia, otorgó discrecionales aumentos a decenas de allegados.

Durante sus dos años como presidente del Congreso, el debate fue sustituido por el predominante monólogo oficialista, debido a que pocas veces daba la palabra a los opositores durante las discusiones plenarias, una práctica que continuó a pie juntillas su cercana colaboradora, la también diputada del partido Vamos Shirley Rivera, actual presidenta del Legislativo y quien ante la desaprobación general dio marcha atrás al retiro de Guatenóminas en febrero de este año.

Rodríguez fue electo como representante distrital por Sololá, departamento que continúa padeciendo serios problemas de desarrollo. Durante su período se aprobaron decretos para la asignación de recursos a la atención de la pandemia, cuya ejecución adoleció de fallas, pero cuya fiscalización fue débil. En repetidas ocasiones se señaló a Rodríguez de compra de voluntades para la aprobación de determinadas iniciativas, como la ocasión en que dejó abierta por 45 minutos la votación por un fallido estado de Calamidad que finalmente no fue ratificado. Es precisamente este extremo el que salta a la vista en la designación que hiciera de él ayer la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de EE. UU.

Dicha entidad lo incluyó en su índice de corruptos, a menos de un mes de la designación de dos directivos de una empresa minera rusa señalados de sobornos y de atentar contra los derechos humanos de comunidades. El comunicado de la Ofac señala a “Rodríguez” por haber utilizado su autoridad como presidente del Congreso “para otorgar subvenciones para la construcción a cambio de sobornos financieros” y también “ha utilizado su influencia política para llegar a acuerdos a cambio de sobornos”. Las empresas y allegados de Rodríguez podrían verse seriamente afectados debido a que la sanción de la Ofac imposibilita cualquier transacción con o a través de bancos que tengan intereses o relación con la potencia del norte.

El Departamento del Tesoro también incluyó en su lista de sancionados al diputado Jorge Estuardo Vargas, de la Unidad Nacional de la Esperanza, partido que ha sido aliado clave del oficialismo y cuya secretaria general y presidenciable, Sandra Torres, fue librada recientemente de una acusación de financiamiento ilícito. Vargas es señalado de supuesto amaño de contratos y de manipular operaciones portuarias a través de sobornos. Es diputado desde el 2016 y fue gerente de la Portuaria Santo Tomás de Castilla entre el 2008 y el 2012, es decir, durante el gobierno de la UNE.

También fue designado corrupto por el gobierno estadounidense el exministro de Energía y Minas Luis Chang, quien desempeñó ese cargo durante el período de Jimmy Morales. Chang es señalado por la Ofac de “usar su posición para asegurar sobornos” a cambio de contratos, además de “crear problemas” a un negocio para luego ofrecer una solución a cambio de cohechos o favores. Hará falta ver si las restricciones devenidas de esta decisión tienen algún efecto, pues hasta ahora hay varios designados que siguen campantes.