Ante la declaratoria de una extensión del estado de Calamidad efectuada por el Organismo Ejecutivo y que debe ser refrendada por el Congreso, existen voces críticas que señalan algunos inconvenientes observados en el mes y medio de suspensión preventiva de actividades para contener el avance del coronavirus. Tales disonancias no deberían ser ignoradas ni tomadas a la ligera, puesto que en toda gestión siempre existen aspectos por mejorar, sobre todo si de esa administración de recursos y servicios dependen vidas de ciudadanos.

La amenaza del covid-19 es concreta y las políticas destinadas a impedir su propagación son una necesidad a la que nadie puede o debe oponerse. Sin embargo, cuando hay evidentes factores burocráticos que retrasan la adquisición de insumos médicos vitales, la distribución de víveres a familias necesitadas o la gestión de bonos de emergencia para desempleados, adultos mayores o madres solas, es el momento de reconocerlas y administrar los correctivos necesarios, ya sea a través del cambio de personas, de sistemas o de métodos de trabajo. Para eso sirve el estado de Calamidad.

El presidente se arriesga a sufrir un desgaste innecesario al dejar transcurrir tantos días desde la llegada a su despacho de un decreto legislativo que buscaba aplazar o dividir pagos de servicios de electricidad, agua, telefonía e internet, en favor de aquellos hogares en los cuales sus cabezas de familia han quedado sin empleo o con ingresos mermados. Si dicha ley tenía imprecisiones o inconstitucionalidades, como ahora argumenta el presidente para vetarla, pudo haberlo comunicado antes y lo mismo aplica para la iniciativa de ley, anunciada ayer, que deberá pasar por el pleno.

El Congreso, a su vez, tiene que ordenar su prioridades y asumir un comportamiento acorde a la reducción de ingresos fiscales y la correspondiente limitación para el Estado que se avizora ya en un corto plazo. Las propuestas de recortes en los ingresos de los diputados no deben discutirse como un argumento de oportunismo electorero sino como una decisión responsable y ética, acorde a los difíciles momentos que vive el país.

Queda claro para todos que la tarea de contención del coronavirus aún no termina y que la reactivación productiva es una necesidad imperiosa, pero que no podrá ocurrir de la noche a la mañana. De llegar a decidirse oficialmente una eventual recuperación de actividades laborales es necesario considerar que el impacto en el empleo podría durar por el resto del año y esto ameritará la puesta en práctica de programas estatales de subsidio o quizá de alimentos por trabajo, que deben ser puestos en perspectiva desde este momento.

Un criterio similar debe evaluarse para atender a un sector mayoritario de la economía que se mueve en el plano de la llamada informalidad, tanto en el área metropolitana como en todas las áreas urbanas departamentales. Vendedores de mercados, comerciantes en las calles, trabajadoras domésticas u obreros a destajo se encuentran en este momento en crecientes dificultades económicas y a la vez están ante le reto de acreditar su ocupación habitual para acceder a algún tipo de ayuda gubernamental. Se trata de un asunto humanitario, pero cabe aclarar que es repudiable cualquier intento de aprovechamiento político o el “acarreo” de personas. La banderas blancas son un noble símbolo para pedir auxilio que nadie, nunca, debería utilizar de manera ilícita.