La libertad de expresión es una de las libertades más ensalzadas, invocadas y defendidas por los políticos cuando están en la llanura, cuando no dudan en declararse próceres de la lucha contra la desnutrición, adalides de la modernización del Estado, impulsores de la reducción de la burocracia y hasta vehementes apologistas de la fiscalización del gasto público. Pero una vez se encuentran posicionados en un cargo, los otrora defensores se tornan censores, inquisidores o incluso supuestas víctimas que intentan revertir el mismo derecho ciudadano que les permitió expresar sus críticas pretéritas.

El síntoma es históricamente reiterativo y, por lo tanto, evidente. Cada mandatario guatemalteco se molesta por las críticas que considera injustas, pero no se queja de las lisonjas ni de las roscas de aduladores que le dicen lo que quiere escuchar. Es por ello que la Libertad de Emisión del Pensamiento es un derecho constitucional y, en ese marco, una garantía fundamental de cada ciudadano porque no puede quedar en manos volubles, incapaces o, peor aún, interesadas en propiciar un discurso unívoco, oficialista, conveniente. En todo caso es el lector, el usuario, la audiencia de cualquier medio de comunicación la que razona sus propias conclusiones con base en su conciencia, en sus valores, en su realidad cotidiana, acerca de la gestión de un presidente, de un funcionario, de una legislatura del Congreso. El más reciente estudio de opinión de ProDatos refleja que se mantiene la caída en la calificación ciudadana sobre el manejo gubernamental de la pandemia. Solo el 30% aprueba la gestión y el porcentaje cae todavía más cuando se pregunta a los guatemaltecos si confían en las cifras oficiales de casos y defunciones por covid-19.

Resulta más fácil culpar a la prensa de los fracasos de gestión, que admitir el error de nombrar a advenedizos, y más útil señalar a unos periodistas, que reconocer las fallas de programación y ejecución de programas. El incidente del arresto, señalamiento y vilipendio en redes sociales anónimas en contra del periodista Sonny Figueroa, quien días atrás publicó un detallado reportaje sobre los integrantes del Centro de Gobierno, es una coincidencia demasiado obvia, sobre todo porque fue seguida del silencio presidencial -con la única y prudente voz crítica del vicegobernante- y de un discurso de Independencia en el cual el presidente Alejandro Giammattei afirma su creencia en la libertad de expresión, pero coartada a la medida de la conveniencia.

La situación de acoso, ataques y descalificación en contra de periodistas críticos no es exclusiva de Guatemala: la Sociedad Interamericana de Prensa ha expresado su preocupación y condena por las agresiones en contra de medios y trabajadores de la comunicación cuyo trabajo crea escozor. En todo el continente está a la vista este patrón de conducta. Para todo periodista es obvia la misión de buscar la verdad, la cual siempre va más allá de la versión oficial, limitada por su agenda, por miopía, por exceso de roscas de allegados o por conflictos de interés.

Así que en lugar de invocar la verdad como límite, el mandatario podría empezar por revelar la verdad de cuántas pruebas de covid-19 se practican por departamento, cuántas están disponibles y cuánto costaron; cuál es la verdadera ejecución de los créditos de emergencia, cuántas plazas innecesarias ha identificado en el Ejecutivo y cuántas va a eliminar o cuáles son los cambios conseguidos por el denominado Centro de Gobierno que tiene delegados en cada ministerio.