A principios de diciembre del 2019, el exvicegobernante guatemalteco Alfonso Fuentes Soria, quien se desempeñaba como presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacén), negó que se planeara apresurar para el 14 de enero de 2020, justo tras el relevo de gobierno, la juramentación de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera como integrantes de ese organismo, con lo cual tendrían inmunidad al haber fenecido la que les otorgaban los cargos que ocupaban. A las 23 horas de aquel 14 comenzó la sesión que supuestamente tendría lugar días después.

Tal precedente se suma a otros que atizan la sospecha de una posible juramentación a distancia, por videoconferencia y a pesar de ser totalmente improcedente, de Luis y Ricardo Martinelli como diputados suplentes al Parlacén. Ellos fueron capturados el 6 de julio bajo requerimiento de extradición de EE. UU., por una acusación de lavado de activos provenientes de corrupción. El 20 de este mes, los hijos del expresidente panameño solicitaron la oficialización de cargos a la directiva de dicho organismo, presidido actualmente por Nadia de León Torres, diputada electa por la bancada Unidad Nacional de la Esperanza y quien en la anterior campaña coordinó las actividades de la entonces candidata presidencial Sandra Torres, su mamá.

Algunos partidos guatemaltecos ya manifestaron su oposición a una juramentación en tan apremiantes circunstancias. El 28 de julio, en un comunicado , la junta directiva del Parlacén declaró que no se procedería a la integración de los Martinelli. Sin embargo, como sucede en dinámicas legislativas locales, persiste el temor de posibles contubernios y arreglos en otros estratos de afinidad, conveniencia o tráficos de favores en oscuros términos.

El impacto de tales pactos es pernicioso y trasciende las fronteras regionales. Así lo evidenció el tuit lanzado por la embajada de EE. UU. aquel 28 de julio: “A individuos dentro del Parlacén les gustaría usar la membresía como un escudo para bloquear la extradición a Estados Unidos de criminales imputados. Hacerlo dañaría el Estado de Derecho y promovería la impunidad”.

El tema de fondo no es solo la ponderación del Parlacén en sí mismo, pues su historia misma es evidencia suficiente de su carácter anodino, improductivo, sin peso vinculante. El problema fundamental apunta directamente a la mala utilización de las prebendas legales de los cargos de elección popular como una barrera para rehuir pesquisas. Existen abundantes ejemplos de diputados o magistrados que, pese a indicios racionales de vinculación con operadores políticos —incluyendo llamadas, mensajes de texto y videos—, aún no pueden ser investigados debido al derecho de antejuicio.

Ayer tuvo lugar la más reciente acción referente a la trama Martinelli: la fiscal general, Consuelo Porras, solicitó una acción de amparo “en virtud de la amenaza cierta, real e inminente de que la presidenta de dicha entidad —Parlacén— juramente como miembros suplentes a los señores Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares”. Según el MP, la juramentación propiciaría un fraude de ley. La respuesta de De León Torres, en lugar de una declaración enfática contra todo apaño a la corrupción, fue un constructo de invocaciones legalistas, lo cual refuerza la necesidad de exigir y asegurar por todos los medios posibles que no se concrete la pretensión de los Martinelli, que sería un insulto a la más elemental noción de justicia de todos los guatemaltecos y centroamericanos de bien.