EDITORIAL

El IGSS debe proteger y ser protegido

Hace exactamente un año recobró vigencia legal la modalidad de trabajo de tiempo parcial, que abre oportunidades a muchos guatemaltecos para poder obtener un trabajo en horario flexible, ya sea para dedicarse a otras ocupaciones o seguir estudios. Dicha norma fue aprobada en 2017 pero varios de sus artículos quedaron suspendidos en octubre de 2019, con lo cual este tipo de plazas laborales quedaron prácticamente en el aire. Desde el aval del tribunal al reglamento se han suscrito cerca de 25 mil contratos, los cuales, a pesar de estar en ley, aún no han sido inscritos y reconocidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

La principal discrepancia es acerca del monto de las cuotas a cotizar por parte de los trabajadores, que serían proporcionalmente menores a las de quienes ocupan con plazas de tiempo completo. El argumento más fuerte del IGSS es que no pueden comprometer la estabilidad financiera de los programas asistenciales de la entidad al otorgar servicios a cotizantes que solo aportan una parte de lo requerido a otros. Una de las propuestas que han surgido es que se tome como base el salario mínimo vigente, pero las empresas la rechazan porque las plazas de tiempo parcial se basan en un emolumento por horas laboradas y no por mes, que es el parámetro tradicional para el cálculo de cuotas.

El Seguro Social señala la misma discrepancia para inscribir a personas en el régimen de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, el cual precisa de un flujo creciente de recursos para su sostenibilidad. Por su parte, patronos han manifestado la voluntad de aumentar el aporte proporcional por trabajador a fin de que puedan recibir atención.

En enero de este año se anunció la existencia de mesas de diálogo entre el IGSS y empresarios para encontrar una solución viable. Sin embargo, un semestre después ha aumentado la presa de contratos avalados por el Ministerio de Trabajo que no cuentan con la cobertura social.

Han surgido propuestas como una prestación parcial de servicios del Seguro Social; por ejemplo, solo atención médica y hospitalización, pero esto a la vez implica nuevas disyuntivas sobre qué tipo de padecimientos cubrir, la evaluación de riesgo preexistente o las desventajas que un eventual aumento de pacientes pueda implicar para la institución, en detrimento de quienes pagan cuotas de tiempo completo. También se ha mencionado la posibilidad de que el Estado subvencione los aportes de tiempo parcial, pero el problema es que este empleador es un viejo deudor del IGSS, con más de Q50 mil millones pendientes de pago y sin visos de que busque nivelarse tal omiso, pese a que se atiende a miles de burócratas inscritos.

Para la plena vigencia del régimen de tiempo parcial es urgente un acertado mecanismo de interacción con el IGSS, bajo criterios técnicos de sostenibilidad, calidad y humanidad. Es muy probable que cuando los magistrados de la CC avalaron el reglamento no hayan considerado los efectos colaterales que este podría tener, producto de lo cual surge la presente controversia. Quizá se puedan evaluar opciones como los aportes voluntarios de trabajadores en este rubro, de cara a un eventual fondo de retiro, o un formato mixto que posibilite recibir atención médica a cambio del pago de un deducible. Cabe señalar que el Seguro Social es patrimonio de los trabajadores guatemaltecos y debe ser protegido, pero a la vez tiene que evolucionar para cumplir su misión en nuevos entornos.

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