Las repentinas lluvias de los últimos días han significado, sin duda, una refrescante pausa para la agobiante ola de calor que se vio agravada, en varias regiones del país, por incendios forestales que afectaron incluso áreas protegidas de Petén. Los efectos del cambio climático han roto los exactos ciclos de precipitación de antaño, cuando era prácticamente posible prever cuándo empezar con la siembra de cultivos. Extensas áreas del país recibían la recarga hídrica del terreno, suficiente para mantener boyante la gran mayoría de ríos de ambas vertientes, una situación que ha cambiado diametralmente, debido no solo a la irregularidad de los ciclos, sino a la ilegal práctica de desviar los cauces.

En ese mismo orden de ideas son realmente contadas las comunidades y áreas urbanas del país que poseen servicio de agua domiciliar las 24 horas del día, por razones tan diversas como su localización geográfica, cercanía de plantas de bombeo, manejo de pozos privados o simple suerte. Para una gran mayoría de personas, el líquido vital constituye precisamente una agonía permanente y un gasto adicional constante. Uno de cada cinco ciudadanos del área metropolitana y uno de cada cuatro en zonas rurales se queja del abastecimiento, según datos de la Encuesta Libre.

Numerosos candidatos a alcaldías de todo el país, incluyendo jefes ediles que buscan reelección, mencionan el agua entre sus promesas de campaña. Al cuestionarlos sobre cómo pretenden ampliar la provisión de este servicio a más personas, la respuesta usual suele estancarse en lo obvio: ampliar la tubería y abrir más pozos, pese a que en diversas regiones los mantos freáticos están sobreexplotados, los manantiales u ojos de agua son a menudo un recuerdo y varios ríos, otrora caudalosos, ahora son promontorios de piedras.

Los aguaceros recientes son un alivio, mas no una esperanza, puesto que no existen programas serios de almacenamiento de las aguas pluviales y la extensa cobertura de asfalto conduce la precipitación a las cuencas, por lo regular contaminadas, con lo que dificulta la recarga hídrica del subsuelo. Procurar esto debería constituir una estrategia nacional, pero se pierde entre la indolencia, la negación y la falta de una ley nacional de aguas.

En tres décadas han desfilado por el Congreso de la República más de 10 iniciativas para regular el aprovisionamiento, uso y protección del agua como un bien de interés público. Ninguna ha logrado avanzar. La más reciente, presentada en 2017, apenas fue entregada como trámite en el pleno, para luego pasar al mismo pozo seco donde se encuentran las otras.

No sería raro que los diputados no puedan comprender la magnitud de su omisión en este problema, pues están concentrados en reelegirse. Es improbable que la actual legislatura discuta seriamente el tema, sobre todo porque ello entrañaría un diálogo multisectorial crítico en busca de consensos, a fin de crear una estrategia integral que va más allá de crear represas, construir acueductos o facilitar tecnologías alternativas de captación: se requiere un combate legal de la contaminación de las cuencas, una operación masiva de reforestación acorde al perfil ecológico del país y un reglamento para normar la utilización del agua potable. Mientras tanto, seguirán existiendo promontorios de cubetas en muchas colonias, mientras en otras se riega el pasto, a chorro abierto, en pleno mediodía.