La convocatoria de tanques de pensamiento para participar en un diálogo técnico del gasto para el 2021 resultaba, a pesar de ser extemporánea, presurosa y de incierta aplicación, una oportunidad significativa para que el Gobierno retomara una senda estratégica de recuperación y atención a indicadores de desarrollo, relegados por el oscuro decreto aprobado por la alianza oficialista y actualmente varado en el Congreso, que intenta archivarlo mediante un procedimiento también dudoso.

El llamado a los centros de investigación económica y social es tardío, pues debió ocurrir meses atrás, cuando se formulaban las bases del proyecto de presupuesto. Es, además, reactivo porque la invitación surgió después de los desastrosos y polémicos incidentes del sábado último, cuyas interioridades y detalles forman parte de una investigación especial del Ministerio Público, el cual deberá rendir un informe y efectuar imputaciones, tanto para los perpetradores de daños al palacio legislativo como a los responsables de la brutalidad policial, que llevó incluso a agresiones contra periodistas que cubrían los disturbios y registraban el caótico actuar de las fuerzas de seguridad.

Aun así, el martes ya se adelantaban las líneas generales de propuestas técnicas concretas que, a pesar de la diversidad de corrientes de pensamiento, convergen en aspectos torales como el reordenamiento de rubros de gasto, el establecimiento de mecanismos de transparencia, la disminución del déficit financiado con más deuda pública y la reducción de los fondos destinados a comités departamentales de Desarrollo (Codedes), que hasta ahora solo parecen ser un botín para el clientelismo distrital.

Lamentablemente, el mismo Gobierno le dio un golpe al diálogo al cambiar las reglas iniciales y al incluir a entidades adicionales a las convocadas, lo cual llevó a que dos de ellas, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), optaran por declinar su participación. No es que esté mal sumar participantes, pero en la coyuntura actual se necesitan criterios técnicos para dar celeridad a los cambios. Por otra parte, si se argumenta que se buscaba dar voz a otros sectores, entonces hay notorias ausencias.

Una convocatoria de diálogo no puede ni debe ser utilizada como dilación y mucho menos como táctica de apariencias para validar intenciones preexistentes. Si el señor presidente está comprometido con la transformación del gasto nacional, el mejor indicador habría sido quedarse a escuchar las exposiciones de los invitados y no solo dar un discurso inicial. Esta habría sido la mejor muestra de su disposición a sostener un intercambio de ideas con diversos sectores, incluyendo a los más críticos.

No es tarde para demostrar la misma voluntad política para el diálogo y la convicción por construir un gasto público centrado en la eficiencia y la austeridad que tanto solicitó el doctor Giammattei cuando fue candidato en repetidas ocasiones. Son sus mismas palabras como aspirante presidencial las que hoy deben dirigir su papel como mandatario: debe reducir gastos superfluos, debe retirar a Guatemala del Parlamento Centroamericano —y retirar los fondos asignados en el presupuesto a tan anodino ente—, debe priorizar la agenda de desarrollo humano y debe centrar su actitud en el respeto a los ciudadanos, tanto a quienes votaron por él como a quienes no.