Conforme pasan los días se acumulan las evidencias de que en la prolongada y decisiva lucha contra la corrupción el problema no era Iván Velásquez ni la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ahora los esfuerzos gubernamentales se dirigen contra el Ministerio Público y la fiscal general, quien ante unas obligadas muestras de independencia ha terminado por desnudar las reales intenciones del Ejecutivo y sus cada vez más desesperadas medidas.

Ante la ilegal retención de uno de los investigadores de la Cicig en el aeropuerto La Aurora, finalmente Consuelo Porras se vio forzada a reaccionar y ordenar una investigación y posteriormente dirigir la detención de dos funcionarios del Instituto Guatemalteco de Migración, quienes quedaron ligados a proceso por desobediencia e incumplimiento de deberes.

Eso fue suficiente para romper la debilitada alianza entre el MP y el Ministerio de Gobernación, y a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil se ordenó la salida, también de manera unilateral, de la Fiscalía para la Atención de Delitos de Lavado de Dinero, Tráfico de Personas y Narcotráfico, lo que representa abrirles las puertas a las actividades ilícitas en una terminal aérea porosa a la criminalidad.

Se trata de una nueva muestra del rumbo por el que avanzan los intereses del Gobierno, que claramente busca eliminar todo tipo de controles, pues ahora se ha sumado el MP a la lista de obstáculos en la ruta de la impunidad, con una medida que claramente es apresurada y desmiente cualquier intención gubernamental por el combate de las mafias.

Porras sabía desde el inicio de su gestión cuál era el escenario en el cual le tocaría desempeñarse, y pese a las numerosas muestras del notorio avance del pacto de corruptos demoró demasiado en emprender acciones ante el evidente abuso de poder y las flagrantes muestras de desobediencia a resoluciones judiciales.

Hoy la historia la ha colocado ante el reto de asumir con mayor energía sus responsabilidades y enfrentar un colosal desafío que pudo haberse amortiguado si desde el inicio hubiera dado muestras de estar del lado del imperio de la ley, sin subterfugios ni inútiles actitudes vigilantes que en nada contribuyeron a detener el atropello a las instituciones y el socavamiento del estado constitucional de Derecho.

No hay duda de que la decisión unilateral de las autoridades aeroportuarias de expulsar al MP de sus instalaciones representa un retroceso para el combate de la criminalidad, como lo expresó la fiscal general en un comunicado, y no debe demorar en plantear las acciones pertinentes para revertir esa decisión, porque esto representa el primer ataque directo a su gestión y ahora debe batallar para restablecer su prestigio.

No debe ser tolerada ninguna forma de obstaculización a la justicia, y esa es una clara responsabilidad del MP, que debe actuar con firmeza cuando de manera vergonzosa esos esfuerzos están encabezados por funcionarios del actual gobierno.

La licenciada Porras cuenta con el apoyo mayoritario de la población, de la comunidad internacional y con una amplia experiencia para combatir la corrupción, reducir la impunidad y acorralar a estructuras mafiosas que se resisten al avance de la justicia.