El 16 de octubre coinciden dos conmemoraciones: el Día Mundial de la Alimentación y el Día Mundial del Pan, ocasión en la cual se busca exaltar la necesidad de que haya acceso mínimo a una dieta básica nutritiva para todas las personas, sobre todo la niñez. Asegurar una alimentación sana se logra mediante el fomento del acceso al empleo, la mejora constante de la calidad educativa para propiciar oportunidades laborales o potenciar emprendimientos y el apoyo económico y tecnológico a la agricultura, sobre todo aquella de carácter comunitario y familiar, para que pase de la subsistencia a contar con excedentes comercializables.

En la oración del Padre Nuestro, la primera petición que figura es “danos hoy nuestro pan de cada día”, para evocar ese carácter providencial de la alimentación. Pero ese “hoy” alude a un reto siempre presente: no dejar que la autosuficiencia impida una actitud de caridad diaria, que motive a compartir lo propio con quienes afrontan dificultades, ya sea por bajo ingreso o desempleo, edad, enfermedad o discapacidad.

Durante los recientes bloqueos fue una preocupación de muchas familias el riesgo de desabasto de verduras, huevos y otros productos comestibles cuyo transporte se vio dificultado. Así también se reportaron pedidos de hortalizas que se perdieron o que fueron rechazados a su llegada, tarde, a países vecinos. Son lamentables esas consecuencias y deben evitarse, porque implican pérdida para el productor, el transportista y para quienes dependen de ellos. El panorama se agrava ante la incertidumbre sobre si continuarán los bloqueos esta semana. El derecho a manifestarse de manera pacífica no significa violar la libre locomoción ni la seguridad alimentaria.

Existe, sin embargo, otro tipo de barrera a la adecuada alimentación, que no consiste en bloqueos, sino en condiciones socioeconómicas adversas, ya sea por pobreza extrema, localización geográfica, falta de acceso a programas de apoyo en salud preventiva y nutricional, escasez de trabajo o incluso pérdida de cosechas por factores climáticos. Se supone que los gobiernos atienden este campo, pero siguen falleciendo guatemaltecos sin que prácticamente nadie proteste.

Tan solo entre enero y septiembre de este año, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán) acumulaba 21 mil 363 casos de desnutrición aguda infantil y 42 fallecidos. Ese número supera el total del 2022, año que terminó con 15 mil 174, lo cual evidencia un claro retroceso en uno de los programas insignia del gobierno de Giammattei Falla. Para la época seca de 2023-2024, la Sesán prevé 2.8 millones de guatemaltecos en riesgo alimentario y 323 mil en emergencia, un reto que deberá atender el gobierno que asume en 91 días.

Finalmente, no pueden dejar de mencionarse iniciativas loables de la iniciativa privada, como la donación de víveres Entre Hermanos, impulsada por industrias de alimentos en supermercados, o el proyecto Guatemaltecos al Rescate, que incluye clínicas y seguimientos nutricionales, a cargo de Castillo Hermanos. La meta a largo plazo debería ser la sinergia público-privada para que no falte pan y comida en las mesas, primero, a través de la generación de inversiones y jornales de trabajo, pero también mediante la asistencia fraterna a los más vulnerables