Desde ningún punto de vista es aceptable, tolerable ni justificable la pretensión oportunista de dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli de ser juramentados como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacén) para tratar de lograr impunidad tras haber sido detenidos por fuerzas de seguridad guatemaltecas en el aeropuerto La Aurora, debido a un requerimiento de extradición de Estados Unidos por presunto lavado de activos, los cuales podrían formar parte del soborno recibido por su padre de parte de la malhadada firma brasileña Odebrecht.

El Parlacén es considerado desde hace largo tiempo como un organismo anodino, costoso y disfuncional, pero sin duda el mayor agravante radica en la conveniente inmunidad de que gozan sus diputados, una prebenda que ha causado numerosas controversias. Este organismo no ha logrado impulsar una sola iniciativa trascendental pero sí se ha convertido en símbolo de impunidad regional.

Basta citar el propio caso del expresidente Martinelli, quien, de candidato, dijo en mayo de 2009 a La Prensa de Panamá: “El Parlacén, siempre lo he dicho, no ha representado ningún valor agregado para Panamá… al contrario, cada vez que tenemos un escándalo, involucra a alguien del Parlacén”. Como parte de sus ofertas de campaña dijo que retiraría del mismo a su país, algo que obviamente no hizo y, peor aún, buscó refugio al asumir como diputado en 2014, justo cuando empezaba a ser investigado por varios casos de corrupción.

Muchos son los pretextos legales que se han interpuesto para impedir el cierre de este repositorio de escaños estériles pero que representan un sueldo mensual de alrededor de Q35 mil para cada diputado, en una región asolada por las necesidades de desarrollo y las precariedades en los servicios públicos. Hasta ahora no ha existido un presidente guatemalteco —ni de ningún país— con la suficiente entereza moral y capacidad política para emprender el retiro de tan improductiva barahúnda.

En el 2008, una oficiosa reforma al Tratado del Parlacén consignó que los exgobernantes de los países miembros se convierten automáticamente en diputados al salir del cargo, lo cual les provee inmunidad gratuita. Una corte de El Salvador consideró ilegal tal fuero, puesto que no llegan al puesto por voto popular, y algo similar cuestionó la justicia hondureña. Y es que además del sueldo por no hacer nada, tal protección legal constituye uno de los principales ganchos para quienes se postulan como candidatos o bien de todos los exmandatarios que sin empacho han buscado entrar en él, tal como ocurrió con la juramentación del expresidente Jimmy Morales, efectuada en los últimos minutos del 14 de enero, con el concurso del exvicemandatario Alfonso Fuentes Soria, entonces presidente del Parlacén y quien en días anteriores afirmó que desconocía la fecha de la incorporación.

Los hijos de Martinelli aportan ahora la mejor evidencia de que el ideal de unión centroamericana es solo un pretexto. Ya detenidos pidieron oficialmente ser juramentados, aunque sea por videoconferencia, desde el centro de detención en donde se encuentran. Para este despropósito necesitan la complicidad de la bancada panameña y de todo representante que guarde silencio ante este nuevo insulto a la inteligencia y al recto sentido de justicia de los ciudadanos centroamericanos cansados de este inútil desperdicio de fondos.