El contrabando no es más que una práctica de comercio desleal que envenena las economías. Lo irónico es que los efectos tóxicos no los padecen las mafias del trasiego sino la población en general, incluidos los consumidores incautos que creen beneficiarse con la adquisición de productos a un precio que aparenta ser más bajo, pero que representa un oneroso costo de oportunidad para las comunidades, las empresas locales de todo tamaño, para el Estado y para las futuras generaciones.

Los grupos dedicados al trasiego construyen inmensas e inauditables fortunas, para lo cual utilizan las estructuras y canales ilícitos para otros delitos como la trata de personas, el narcotráfico, el transporte y venta de armas, el sicariato y el lavado de activos, según lo reportan diversos informes regionales y globales sobre este flagelo que a menudo tiene cara de licores, enlatados, comestibles y otros productos a precios de quemazón en algunos mercados cantonales o de provincia.

Las fluctuaciones del tipo de cambio del peso mexicano, así como excedentes de producción, generan temporadas de adquisiciones mayoristas, que nada tendrían de malo si las mercancías pagaran los respectivos impuestos, además de pasar por la supervisión de salubridad para el consumo. Desgraciadamente, desde hace décadas las balsas no dejan de cruzar el fronterizo río Suchiate encopetadas de fardos de todo tipo, a la vista de las autoridades policiales, ya sea por simple indiferencia o abierto temor a la reacción de los balseros, cargadores y vendedores que en varias ocasiones han agredido a los agentes y destruido autopatrullas, en estallidos fúricos azuzados por órdenes de zares del trasiego desde suntuosas viviendas.

Toda una nación paga el contrabando, por varias razones. Primero: las ganancias del comercio se van a otro país. Segundo, esas transacciones no representan ningún ingreso fiscal. Tercero, se convierte en una competencia alevosa para importadores lícitos y productores nacionales, que tarde o temprano quiebran, y conduce al cuarto efecto: la pérdida de empleos. Quinto, la acción de estas mafias protegidas por hordas irascibles favorece un clima de violencia. Sexto, la deficiencia o ausencia de servicios del Estado por la consecuente limitación de recursos, y séptimo, la conversión de regiones, sobre todo limítrofes, en tierras de nadie o, más bien, del más prepotente.

En estudios sobre el contrabando a nivel regional se ha hecho difícil cuantificar el monto que se mueve. A falta de comprobantes y declaraciones no hay manera de tener un dato. Sin embargo, debido a las restricciones y al exceso de confianza, que casi “normaliza” un delito flagrante, se han usado redes sociales para efectuar pedidos y transferencias bancarias para pagarlos, en una especie de descarado trasiego a domicilio. La Intendencia de Verificación Especial ha generado alertas de transacciones dudosas por Q50 millones.

En la prolongación de este ilícito persiste la sospecha de contubernio de ciertos funcionarios. Baste recordar malhadadas estructuras como la Red Moreno o La Línea, que desarrollaban acciones similares de defraudación. Así que toda persona tentada a comprar ese tequila, esas galletas, jabones u otro producto a precio de “me lo llevo” debe saber que también se lleva la sentencia al subdesarrollo económico para sus hijos, la muerte de negocios que no pueden competir con los ilegales y, sobre todo, que carga con la sangre de las disputas de poder en corredores de contrabando y delitos conexos.