La democracia constitucional de Guatemala se ha sostenido por 34 años, a pesar de los peligros de extremismos sectarios, intolerancia de mandatarios, abusos de funcionarios, fallida gestión del desarrollo humano y desmanes de diputados y alcaldes que toman los cargos como si se tratara de una propiedad y no de una delegación del poder que radica en el pueblo. Ha sobrevivido, sí, pero con vulnerabilidades crecientes que la colocan a merced de demagogos de todos colores y de caudillos de uno u otro signo que, invariablemente, buscan aprovecharse del hastío ciudadano tan solo para volver a generar mayor decepción, en ciclos que se tornan cada vez más impredecibles.

En ese contexto cabe resaltar que la institucionalidad de la República debe seguir siendo raíz y fundamento del actuar de todos los guatemaltecos; desde los tres organismos del Estado, las entidades autónomas y semiautónomas. Las crisis no han faltado, pero sin duda alguna la Corte de Constitucionalidad ha fungido como piedra de toque en los momentos en que las posturas enfrentadas requieren de una última instancia. Por eso es que el anuncio de la resolución de un amparo provisional solicitado por el Ministerio Público en contra de la Corte Suprema de Justicia, referente al antejuicio contra la candidata Sandra Torres, desató expectativa, dada la celeridad con que se rechazó dicha solicitud de retiro de inmunidad, la cual contenía audios con indicios de un presunto financiamiento electoral ilícito millonario.

Tras dejar fuera de la contienda a las otras dos candidatas que punteaban en las preferencias, Zury Ríos y Thelma Aldana, por distintos motivos, la CC anunció para ayer la resolución del caso Torres. Nuevamente incumplió. Se divulgaron tres fallos: la suspensión de la precoz convocatoria a postuladora de CSJ, la instrucción a este organismo de reevaluar la petición de antejuicio contra el diputado Felipe Alejos por un caso de supuestos sobornos a cambio de acelerar devolución de crédito fiscal, y la denegatoria de inscripción como candidato a diputado del hijo del vicepresidente Jafeth Cabrera.

Tales asuntos parecían distractores destinados a desviar la atención sobre la nueva postergación del caso Torres, sobre todo porque el vocero de la CC no mencionó una nueva fecha y porque trascendió el repentino viaje del magistrado titular José Francisco de Mata Vela, lo que impide la discusión del recurso, debido a que los actuales magistrados de la CC tienen un acuerdo referente a que todo tema de alto impacto solo puede ser discutido con la presencia de los cinco titulares. Ello pone en discusión si esa salida, de haber estado planificada, tuvo que obligar a priorizar la agenda; pero si fue repentina desata más dudas.

En este espacio se ha enfatizado la importancia de respetar la institucionalidad, y en el caso específico de los órganos de justicia se ha resaltado la necesidad de respetar sus fallos. Ahora bien, las personas que fueron designadas para integrar las instituciones son las primeras obligadas a respetarlas y a desempeñarse sin la menor sombra de sesgo, criterio malicioso o conflictos de interés, por respeto a la dignidad de la ciudadanía. Las instituciones del régimen democrático existen para asegurar la prevalencia de los derechos humanos y para garantizar justicia contra toda conducta violatoria a estas garantías. Si una persona aspirante a ocupar la máxima magistratura de la Nación pacta apoyos económicos de campaña a espaldas de los electores, no solo los denigra o menosprecia, sino que amenaza el recto desempeño de la institución de la Presidencia, cuya primera obligación es cumplir y hacer cumplir la Constitución.