Que no asuste el título ni llame a escándalo. Pero hablando lo cierto, la elección de nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones -cuyo relevo debió ocurrir hace 20 meses- carece de la menor importancia para la mayoría de ciudadanos de a pie o motorizados, para el comerciante de barrio que a diario abre y cierra su negocio, para el vendedor rutero que busca cumplir con su meta de ventas o para el joven recién graduado que va a una entrevista de trabajo. Sienten, piensan o creen que ese tema no toca sus vidas y no les importa si el Congreso elige o no.

De hecho, para el mismo Congreso no tiene importancia elegir debido a que no tienen los incentivos perversos necesarios como el poder negociar planillas completas en las cuales colocar a allegados para aspirar a poder utilizar tales afinidades más adelante, cuando sea momento de cobrar el favor. Por ahora, confesar tales avenencias a través del voto de viva voz establecido por la Corte de Constitucionalidad les resulta incómodo, demasiado transparente, porque deja ver entramados.

Por eso se conforman con alargar ya por más de 600 días el período de los actuales magistrados, electos por el contubernio de los malsanos partidos Patriota y Líder, que les han resultado útiles para sus propósitos. Pero también por eso hicieron una “consulta” a la actual CC, aparentemente más cercana, con exdiputado incluido, para ver si les hace el favor de revertir tan incómoda cláusula y regresarles la posibilidad de listados abiertos a la mejor oferta: justo lo que negociaba el señor Gustavo Alejos desde un hospital a donde llegaba la romería de candidatos, diputados, comisionados y mandaderos.

Pero si de todos modos usted sigue creyendo que la elección de Cortes es asunto ajeno, sin importancia, casi de otro país, quizá por ser un ciudadano hastiado de los engaños de la política y de la lentitud de la justicia, será difícil poder convencerle de otra cosa. Porque para poder tener una actitud cívica activa se necesita interés en el devenir de la Nación, esa donde viven sus hijos y nietos, donde ellos lucharán por crear un pequeño negocio, asentar un emprendimiento o labrar una carrera profesional.

Si unos extorsionistas llegan a hostigar a esa persona e incluso a segarle la vida y después caen presos, ¿a dónde cree que va a ir a dar el proceso que deban enfrentar? O si un día, en un desafortunado accidente vial atropella a alguien y le toca ir a dar al gallinero de la Torre de Tribunales, ¿a dónde va a ir a dar su primera declaración? O si alguien le copia la idea de su emprendimiento, le quedan a deber en un negocio o necesita defender una propiedad que le quieran quitar, ¿acaso no va a tener que ir a un arbitraje o a defender su caso ante un juez? Sin duda esperará una resolución apegada a Derecho, fundamentada en la ley, con un juez imparcial. Y si el resultado no le convence puede impugnar y así llegará a las salas de Apelaciones en busca de JUSTICIA.

El sistema judicial debe ser ecuánime, profesional, apolítico; es un poder del Estado al servicio del ciudadano, de usted, que se esfuerza, que lucha, que trabaja, que produce y que aunque trae consigo todas las de la ley, no está libre de alguna complicación que termine en tribunales. Por eso, las magistraturas de la CSJ y salas de Apelaciones son del pueblo de Guatemala, no de individuos, partidos o camarillas de negociadores interesados. Y si no, vea a los extremos que ha llegado Nicaragua con sus jueces plegados a una dictadura.