Hoy hace exactamente cuatro años se anunciaba la renuncia al cargo de vicepresidenta de la República de Roxana Baldetti, justo después del destape del caso La Línea, en el cual su secretario privado estaba directamente involucrado en la conducción de una red dirigida a defraudar al Estado; poco tiempo después trascenderían los vínculos hacia el propio presidente Pérez Molina. El proceso contra ambos ha sido entorpecido en su avance mediante diversos recursos legales.

Un nuevo caso de corrupción fue presentado por el Ministerio Público el lunes último. Con base en indicios recabados y el testimonio de un exdiputado, se evidencia un secreto a voces: la injerencia del Organismo Ejecutivo sobre el Organismo Legislativo con el fin de coordinar leyes y cooptar también al Poder Judicial mediante la designación amañada, clientelar y manipulada de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de cortes de Apelaciones, en 2014.

Hubo entonces fuertes indicios del contubernio entre diputados de los otrora todopoderosos partidos Patriota y Líder, hoy extintos por financiamiento electoral ilícito, pero que en aquel momento simulaban una acre rivalidad para ocultar sus arreglos bajo la mesa. El caso “Subordinación del poder Legislativo al Ejecutivo, una expresión de la captura del Estado” le pone montos millonarios a los sobornos recibidos por diputados para apoyar el arreglo orquestado por Baldetti Elías, pero también permite enfocar la desmedida ambición de poder de aquel grupúsculo que aún en la actualidad ha buscado asideros leguleyos para entrampar sus procesos, con la ayuda de personajes cuestionados que fueron electos magistrados en aquel alambique de influencias.

Las interioridades de aquella negociación oculta han aflorado y golpean, para empezar, a diputados expatriotistas que hoy forman parte de otras agrupaciones, incluyendo al bloque oficialista, al cual se trasladaron ante la zozobra de aquellas organizaciones que procuraron un asalto a los tres poderes del Estado. Las ilegalidades, los conflictos de interés y los efectos nefastos de aquel arreglo ponen de relieve la necesidad de reformar de una vez por todas los mecanismos para elegir a las autoridades de Justicia sin interferencia de caciques, mafias o grupos fácticos.

Este año hay una nueva elección de cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones, cuyo primer filtro está a cargo de comisiones de postulación que ya han demostrado su permeabilidad a la influencia de operadores y políticos que se burlan de las leyes y que carecen del más mínimo sentido de ética. Por ello es de capital importancia fiscalizar y exigir que sea público el proceso de convocatoria, evaluación y selección de los aspirantes a magistrados. Algunos de los integrantes actuales de la CSJ y cortes de Apelaciones no solo han manifestado su interés por reelegirse, sino que tienen a familiares como candidatos en partidos con representación legislativa, lo cual ya entraña una sombra sobre su imparcialidad.

La mayor afrenta contra los guatemaltecos sería que los actuales diputados, ya en la anomia poselectoral, tramen un nuevo contubernio, que sería aún más infame que el primero, debido a la participación de exintegrantes de Patriota o Líder pero sobre todo por la eventual connivencia de bancadas como la de FCN-Nación, que llegaron a las curules bajo la bandera de rechazo a la vieja política y sus acechanzas, pero que en el camino mostraron su doblez moral.