Diversos factores han incidido en sucesivos atrasos de programas gubernamentales de apoyo a trabajadores suspendidos y familias que desde hace casi tres meses se quedaron sin fuente de ingresos. Muchas de ellas prácticamente han consumido los ahorros de que disponían, lo cual no solo los priva de los planes para los cuales guardaban esos fondos sino que los deja en precariedad frente a las necesidades de alimentación, pago de vivienda, servicios, deudas previas, colegiaturas y otros gastos rutinarios que pasaron a convertirse en una espada de Damocles.

Hasta ahora se han aprobado poco más de 109 mil solicitudes y aún se encuentran sin recibir ayuda 74 mil, situación que debería ser resuelta esta misma semana debido a que no existe angustia más desesperante que la de no poder proveer de alimento a los hijos. La gravedad de la situación abarca más allá de quienes tienen un empleo remunerado, al cual esperan volver, ojalá, tras cesar las disposiciones de encierro. En áreas crónicamente asoladas por la sequía y la pobreza, donde la desnutrición campa desde hace décadas, resulta penosa la lentitud de los programas de rescate a la infancia, no como una incidencia coyuntural sino como una política de largo plazo.

El país se endeudó. Sí, el país, no los diputados ni los funcionarios sino todo el Estado para poder disponer de recursos crediticios que permitiesen atajar una crisis humanitaria, además de proveer de insumos, medicamentos, equipo y personal a todos los hospitales. Sin embargo, las quejas de los médicos se han repetido al igual que las excusas ministeriales. En este mismo espacio se cuestionó ya que “alguien” tiene que responder por las ineficiencias, sobre todo aquellas que golpean directamente a la ciudadanía. Ese alguien puede ser ministro, viceministro, algún secretario o quizá un burócrata de rango medio: una evaluación externa, técnica, apolítica y, por supuesto, no publicitaria, de la calidad de los procesos podría arrojar responsables.

El auxilio a las micro y pequeñas empresas es otro de los renglones que confirman el conocido dicho que reza “en la tardanza está el peligro”, puesto que hay trabajadores por cuenta propia y emprendedores que se encuentran al límite de la desesperación y de la sobrevivencia, sin que hayan recibido noticia siquiera sobre mecanismos para entrega de subsidio o planes de descuentos fiscales para ayudarles a vadear esta devastadora correntada de adversidad. Por otra parte, la misma necesidad de subsistir obliga a muchas de estas personas a salir a las calles para encontrar alguna ocupación temporal, a vender productos de manera ambulante o a pedir caridad, con lo cual se incrementa el riesgo de infectarse con el covid-19.

Aunque los casos activos superan los 6 mil y van 289 fallecimientos, existen algunas voces que con poca prudencia demandan una reactivación casi inmediata, la cual podría resultar contraproducente no solo por la capacidad sanitaria, que se encuentra prácticamente al límite, sino porque las familias aún no se encuentran en plena capacidad de regresar una rutina normal, por lo que la asistencia económica estatal es clave para contribuir a calmar esa creciente exasperación.

La tecnología ha jugado un papel clave en el avance de la entrega de asistencia económica a la población, sobre todo a través del uso de cajeros automáticos y códigos de débito digital, funcionalidades que a su vez contribuyen con la inyección de recursos al alicaído mercado interno de consumo, mientras llega el momento de remontar el vuelo del país.