Santa Cristina García Pérez estaba a tres meses de cumplir 20 años de edad cuando partió, el 10 enero de 2021, desde el caserío Peña Flor, aldea Tuilelén, Comitancillo, San Marcos, hacia Estados Unidos, junto a otros 15 jóvenes guatemaltecos, en busca de una oportunidad para poder ayudar a su mamá a operarse de los ojos y para la cirugía de labio leporino de su hermanita menor. Había trabajado en Zacapa unos meses, pero apenas le alcanzaba para subsistir y por ello optó por la migración irregular.

Diez días después, Cristina envió un angustioso mensaje de audio a un familiar. Con ruido de fondo de balazos, dijo que estaban matando a los migrantes del grupo en el cual viajaba. En total fueron 19 las víctimas ejecutadas y calcinadas, de las cuales 16 eran guatemaltecas. Para mayor agravante, los perpetradores fueron 11 policías del estado mexicano de Tamaulipas, que en septiembre pasado fueron declarados culpables de la llamada Masacre de Camargo y que esta semana recibieron condena de 50 años de prisión, 10 de ellos, y uno, 19 años de cárcel.

Esta sentencia no devolverá la vida a los fallecidos, pero retribuye la búsqueda de justicia de los familiares, a la vez que abre la puerta a una posible reparación digna. El precedente es poderoso, porque debería servir de disuasivo a funcionarios o agentes policiales mexicanos para no cometer abusos ni ilegalidades en contra de migrantes de cualquier nacionalidad. El flujo de personas es creciente hacia la frontera de EE. UU., en un trayecto incierto y un destino improbable. Tan solo entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, el año fiscal estadounidense, se reporta la detención de tres millones de migrantes, una cifra sin precedentes.

Guatemala ocupa el tercer lugar de capturas, tan solo detrás de México y Venezuela. La continuidad del éxodo denota el grave drama que se vive en zonas de la provincia del país, de las cuales sale la mayoría de migrantes. Guatemala pierde con ellos parte de su bono demográfico de juventud, que se marcha al norte en busca de las oportunidades negadas por décadas de abandono educativo, centralización productiva, ineficiencia burocrática, corrupción rampante, politiquería y clientelismo que impiden una agenda nacional interpartidaria de Estado a largo plazo.

La tragedia de Camargo no fue la primera, ni es, desafortunadamente, la última. Son muchos los nombres de hermanos guatemaltecos que exhalan su último suspiro en la desolación de un desierto, en el encierro de un furgón hacinado, ultimados por bandas criminales o de fuerzas policiales devenidas en actores corruptos.

Por eso cerramos este texto con nombres y apellidos de las víctimas de Camargo, cuyos cuerpos fueron repatriados en marzo de 2021. Se fueron en secreto y volvieron recibidos con estériles honores que no se convirtieron en políticas de desarrollo para sus comunidades: Élfego Roliberto Miranda Díaz, Marvin Alberto Tomás López, Ribaldo Danilo Jiménez Ramírez, Edgar López y López, Adán Coronado Marroquín, Madelyn Estéfanie García Ramírez, Santa Cristina García Pérez, Osmar Neftalí Miranda Baltazar, Iván Gudiel Pablo Tomás, Paola Damaris Zacarías Gabriel, Dora Amelia López Rafael, Bramdon David García Ramírez, Anderson Marco Antulio Pablo Mauricio, Rubelsy Elías Tomás Isidro, Leyda Siomara González Vásquez, Uber Feliciano Vásquez. Sus nombres no deberían olvidarse, pues eran jóvenes que solo querían una oportunidad. Salieron a buscar la vida y hallaron la muerte.