Parafraseando al cantautor Ricardo Arjona se puede afirmar que el problema no es la deuda: el problema es que se gasta en burocracia; el problema no es solicitar financiamiento externo: el problema es volverlo un patrón de cada año; el problema no es el crédito: sino el descrédito de los funcionarios de sucesivos gobiernos que manejan los recursos de forma disipada, descontrolada y sin estrategia de desarrollo a largo plazo.

El Congreso de la República se encuentra a días de intentar aprobar uno de los presupuestos más deficitarios de la historia: se pretende financiar con endeudamiento público un tercio de los casi Q99 mil 700 millones propuestos para el 2021. Tendría sentido si esa misma proporción de fondos estuviera destinada a la inversión de largo plazo, en infraestructura, educación, desarrollo tecnológico, generación de competitividad y guerra total a la desnutrición. Pero no es así, de esos Q30 mil millones en créditos hay recursos que se usarán para gastos de funcionamiento, un drenaje sin fondo, en tanto y en cuanto no exista un plan serio para recortar plazas, reducir costos y transparentar las compras.

Los eufemísticos términos técnicos para tratar de justificar políticamente la adquisición de más deuda resultan tan gastados como los argumentos de diputados que invocan a la población cuando les conviene. Se arguye que la deuda aún está en “niveles seguros”, que la economía tiene “tolerancia” para este tipo de compromisos y luego viene la comparación con otros países: una falacia.

Es obvio que se debe auxiliar a los afectados por los recientes desastres y que la pobreza asedia a numerosas comunidades, pero la efectividad de la ejecución gubernamental ante la emergencia del covid-19 dista de inspirar confianza. Siete de cada 10 empresas no tuvieron acceso a ningún crédito con los fondos de emergencia, debido a una deficiente gestión del programa; miles de guatemaltecos no recibieron un solo bono familia porque los criterios de asignación no fueron los más adecuados.

Por su parte, los diputados se recetan Q935 millones de presupuesto en el Legislativo, lo cual incluye Q535 mil para alimentos que bien podrían pagar con su salario y con las dietas por sesión que cobran hasta las salas más improductivas. La Comisión de Finanzas del Congreso comenzó ayer la discusión del dictamen del proyecto de presupuesto 2021, a puerta cerrada, sin acceso a la prensa y, por ende, a espaldas de la población. Pretenden reunirse oficiosamente durante el fin de semana para tener listo el documento el lunes. Nada bueno puede esperarse de confabulaciones a escondidas.

Hay que decirlo: recurrir a préstamos o a emisión de bonos no es perjudicial en sí mismo. De hecho es una vía para reducir costos de oportunidad cuando se trata de financiar proyectos urgentes de beneficio para la población. Los daños causados por la tormenta Eta obligarán sin duda a la reconstrucción de arterias y puentes, al rescate de pérdidas agropecuarias y a la reconstitución de comunidades vulnerables. Pero para cumplir estos objetivos se necesitan criterios técnicos, candados de transparencia y adjudicaciones públicas sin sombra de favoritismo para constructoras ligadas a diputados. El problema no es que el Congreso decida, como por ley le corresponde; el problema es que maneje con displicencia el dinero de todos los guatemaltecos bajo evidentes conflictos de interés.