El tiempo sigue corriendo para el período gubernamental Giammattei Falla pero a medida que se aproxime el proceso eleccionario aumentarán las rencillas con sus aún aliados o el desgaste para quienes integren la alianza oficialista. Poco ayudará el ánimo confrontativo y la falta de alternativas viables para retomar los objetivos de desarrollo, al menos aquellos que resultaban más críticos y, por ende, más factibles de atender y presentar resultados. Ni el pretexto de la pandemia funcionará porque esta en realidad representó más recursos e incluso una ventana de oportunidad inédita e irrepetible que también se dejó ir.

Guatemala cayó al puesto 15 de 18 países latinoamericanos y al 71 de 94 evaluados alrededor del mundo respecto de los índices de desarrollo sostenible. Dicho monitoreo integra registros de prestigiosas instituciones internacionales que no tienen intencionalidades políticas pero sí ópticas globales de ponderación. Cabe hacer notar que el deterioro paulatino comenzó en 2009, y aunque existen algunas áreas de mejora este año, como la libertad económica, paz global y gobernabilidad, no alcanzan a rescatar la nota general de 47 puntos sobre 100.

Entre los aspectos reprobados se encuentra la reducción de vulnerabilidades, referente a las condiciones de vivienda, acceso a agua potable, saneamiento, disposición de basura y cuidado de ecosistemas. También hay poco avance en la creación de oportunidades, un aspecto que se vincula con la mala infraestructura vial y el poco acceso a capacitación productiva. Como tercer punto están las debilidades de institucionalidad que abarcan el deficiente combate de la corrupción, fallas en la gestión pública y barreras a la participación ciudadana. Competitividad, desarrollo humano y posibilidad de hacer negocios se encuentran literalmente estancados en este recuento, lo que debería constituir un fuerte llamado de atención no solo para el Ejecutivo, sino para todos los poderes de Estado, ya que la desactualización legislativa y la falta de certeza judicial constituyen elementos críticos de esta preocupante realidad.

Las situaciones concretas que integran este deterioro están a la vista: la permanencia de una Corte Suprema de Justicia que debió entregar cargos hace más de 900 días y la negativa dolosa del Congreso a cumplir con su deber de elegir magistrados en forma pública; el secretismo de negociaciones que involucran al erario pero que se usan como moneda de cambio con grupos fácticos, los incoherentes manejos de recursos destinados al combate de la desnutrición aguda y crónica, las carencias de insumos hospitalarios, políticas de seguridad pública que no responden al repunte de crímenes y la falta de proyectos visionarios de interconexión vial que no se reduzcan a fragmentarios tramos inconexos.

En un afán constructivo se puede recomendar a los estamentos del Estado que revisen sus procesos e implementen un plan de transformación que pueda ser consensuado con organizaciones partidarias, sectores productivos y ciudadanos. Esto implica una profunda evaluación del tamaño de la burocracia y una depuración de plazas. Ello, a la vez, implica trazar una nueva ley de servicio civil, que fue una de las primeras iniciativas de este gobierno pero se quedó perdida en el mismo marasmo de sus antecesoras. Garantizar la rendición de cuentas, la transparencia de contratos y la despolitización en la ejecución de obras o desarrollo de programas de auxilio social evidenciarían un golpe de timón para retomar el rumbo.