La prensa independiente tiene un norte claro: la actitud de servicio a la ciudadanía, a sus lectores y, en tiempos multimediales, a sus audiencias, un propósito que se concreta con la provisión de información certera, oportuna, veraz, equilibrada y a la vez crítica de los desmanes, los abusos y los despropósitos, ya sea velados o totalmente desvergonzados pero no por ello menos execrables. Ese público es el mejor juez del desempeño, y los medios enfrentan a diario ese escrutinio, que se refrenda con el tiempo y la trayectoria. Lo mismo cabe decir de funcionarios, dignatarios, magistrados, autoridades electas: con el devenir de su gestión se comprueba la coherencia de sus discursos y acciones, pero también se desnudan las farsas, los fiascos, los amaños y las extralimitaciones.

Aun así, con todo e indicios recurrentes de discrecionalidad, amiguismo, despilfarro, nepotismo, ineficiencia y otros males, los responsables intentan una y otra vez renegar de sus acciones anteriores y endilgar el paquete a otros. Politiqueros y sectores intolerantes culpan a los medios informativos del descrédito acarreado por la misma inercia de sus acciones u omisiones, un círculo vicioso reincidente en las páginas de la historia.

La libertad de expresión es el principal bastión de la democracia y a lo largo de 36 años de democracia en Guatemala han abundado los intentos por coartar, censurar, impedir el acceso a datos públicos y acallar la denuncia de arbitrariedades cometidas al amparo de un poder político o fáctico. Dictaduras como las de Venezuela, Cuba y Nicaragua no toleran el derecho fundamental de emisión del pensamiento, lo cual las lleva a cerrar medios, encarcelar periodistas y ahogar económicamente a los sobrevivientes.

La soberbia obsesión por silenciar a los críticos se vale de subterfugios maquiavélicos para disfrazar la censura mediante procedimientos legales por causales distintas, desprestigio de personas, ataques anónimos de hordas netcenteras, presión a anunciantes, acoso fiscal y otras tretas manidas. Al no lograr su cometido, llegan los hostigamientos verbales y las amenazas a la integridad física.

La Asociación de Periodistas de Guatemala denunció el martes que este año van 9 agresiones cometidas contra comunicadores y medios, ante lo cual oficializa su rechazo. Uno de estos casos tiene que ver con una demanda judicial contra la empresa Emisoras Unidas, que fue rechazada por cuatro juzgados pero repentinamente fue recogida por el Juzgado Quinto del Ramo Civil, que los obliga a depositar una fianza millonaria, lo cual consideran una forma velada de represalia por su labor informativa. Dicha denuncia no debe tomarse a la ligera y en todo caso corresponde una revisión de los criterios y procedimientos.

No es este el espacio ni nos corresponde dirimir la naturaleza, validez o rumbo de la querella de marras. Si es un lío entre privados legítimamente constituidos, debe resolverse de acuerdo con las leyes vigentes del país. Pero debe esclarecerse primero toda sospecha de conflicto de interés de quien presida ese juzgado. De ser así, no podría ser imparcial, algo fundamental en la resolución de cualquier caso. Así como es condenable toda intimidación contra periodistas, es inadmisible, en Guatemala o en cualquier otro país, la utilización de alambiques legalistas para dañar a un medio. El cuestionamiento es válido porque ese tipo de situaciones ha ocurrido, al capricho de los intolerantes, con devastadoras consecuencias no solo para la prensa misma, sino para países enteros.