La aprobación del presupuesto de 2021: el más deficitario de la historia, con un endeudamiento adicional superior a los Q31 mil millones, en medio de un sospechoso secretismo, con nocturnidad y obvia premeditación, hace recordar aquellos saqueos cometidos por bandas delictivas que se dedican a saquear negocios al abrir boquetes en paredes vecinas, aprovechando la oscuridad de la madrugada.

Los diputados de la alianza oficialista, apáticos a cumplir con los horarios de plenarias para temas de interés nacional, incapaces de entrar a conocer leyes de reactivación económica, desidiosos para cumplir con obligaciones constitucionales como la elección de Cortes, fueron oficiosamente capaces de desvelarse para pasar la noche del martes 17 y madrugada del miércoles 18 de noviembre, en el aval de un plan de gasto alejado de las necesidades de desarrollo del país, repartido como un botín y financiado con más préstamos, que llevan la deuda pública a niveles de alto riesgo.

Es un acto terrible en contra del pueblo de Guatemala el que cometieron los diputados de 13 partidos políticos, incluyendo a supuestos opositores y bisagras que solo rechinan cuando no les han lubricado con fondos y proyectos. No hubo discusión técnica, sino un acuerdo de conveniencia, un contubernio que podría compararse con el de las extintas gavillas Patriota y Líder, algunos de cuyos miembros todavía figuran dentro de las bancadas que aprobaron este despropósito, obviamente bajo otros símbolos, pero con las mismas miserias morales, dobles discursos y conflictos de interés.

Es de felicitar al presidente de la República por haber podido obtener tan variopinto apoyo para aprobar un proyecto que ofrecía y esgrimía la reactivación económica como incentivo, pero que al final quedó como una simple moneda de cambio, como un discurso sin coherencia ni estructura. El mandatario debe tomar en cuenta que este tipo de alianzas salen muy caras a la larga y son insostenibles, debido a que no se fundamentan en una visión de bien común: al mejor estilo del Congreso de los depurables de 1993.

Es claro que a los diputados del pacto oficialista, integrado incluso por ciertos partidos bajo sospecha de recibir narcofinanciamiento, no les importa lo que piense la ciudadanía. Creen que pueden hacer lo que les venga en gana con el destino de la Nación y con el uso de los recursos públicos. Tal actitud únicamente merece una condena enérgica, un repudio generalizado y la convicción por no olvidar la afrenta.

Es mentira que el presupuesto esté dirigido a atender prioridades de desarrollo. Es falso que los abultados créditos vayan a servir a los más necesitados. Es una falacia la afirmación de que el gasto desproporcionado sirva para sentar las bases del desarrollo. No se trata de un prejuicio, sino de una conclusión lógica y evidente, con base en el manejo de los recursos públicos este año y de los anteriores gobiernos. Solo que esta vez ya la situación económica se encuentra en zona de riesgo.

Aplaudieron triunfantes los legisladores al finalizar la aprobación del adefesio presupuestario, sin candados de transparencia, sin prioridades claras, excepto los clientelismos de siempre y los previsibles pagos de favores a financistas y allegados. Ciertamente hacen falta tres años para el próximo proceso electoral, pero hay que tener muy en cuenta esos símbolos políticos, independientemente de lo que prometan sus presidenciables y sus diputados en busca de reelección. Guatemala no olvidará esto.