Guatemala se debate en una profunda crisis porque la corrupción, el abuso de poder, el tráfico de influencias y la incapacidad de muchos funcionarios la tienen postrada, y se necesitan acciones tanto concretas como urgentes para revertir tan ominoso camino, pero estas deben ser muy puntuales y tampoco se debe ignorar quiénes han sido los responsables de la debacle, que ahora serían a la vez quienes enmendarían actitudes.

Los osados y arbitrarios pasos dados por el presidente Jimmy Morales en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, el Ministerio Público y cualquier sector que se muestre crítico hacia la endeble gobernanza actual deben ser el punto de partida para la búsqueda de soluciones.

Ante un escenario tan lamentable también es necesario tener presente que el mandatario está asesorado por militares y civiles claramente comprometidos con mantener la impunidad. Desde el Congreso también hay un colosal esfuerzo por respaldar la causa de Morales en favor de un modelo fallido y, en consecuencia, cualquier iniciativa de ese organismo debe ser vista con cautela.

De este drama nacional no escapa el Organismo Judicial, que también, en forma mayoritaria, ha sido parte de un pacto en favor de la corrupción para detener el avance de la justicia, con claras muestras de que muchos de sus integrantes siguen transando en la búsqueda de posiciones a cambio de beneficiar a sujetos que enfrentan procesos judiciales.

El Foro Guatemala, integrado por 16 organizaciones, tras un prolongado silencio por varias diferencias internas lanzó ayer una propuesta a los representantes de los tres poderes del Estado, a fin de coordinar un trabajo conjunto para una mejor Guatemala, pero se extravía con una enumeración de requerimientos que resultan ya imposibles de cumplir por el actual gobierno.

Primero, porque el lapso es ya demasiado corto y difícilmente pueden ser viables algunas de las sugerencias. Aunque quizá deba enfatizarse que difícilmente existirá voluntad por parte de las autoridades del Ejecutivo para cambiar en algo el rumbo por el que se resbala el país, sobre todo cuando se pide combatir de manera inequívoca la corrupción y la impunidad.

Mucho más peligroso es pedirle al actual Congreso que se ponga a tocar leyes y, peor aún, modificar la Constitución, cuando la mayoría de los integrantes de este organismo están claramente identificados con el pacto de corruptos y persisten en retorcer la normativa para beneficiar a personas perseguidas por la justicia o arremeter contra sectores que señalan los desmanes de la peor legislatura de nuestra historia reciente.

Al Organismo Judicial simplemente se le debe pedir que actúe con independencia y responsabilidad histórica, abandonando su actitud pusilánime y de sometimiento al poder político que ha subyugado a los más altos representantes de la justicia en forma vergonzosa durante los últimos gobiernos, al extremo de actuar con un doble rasero a la hora de juzgar a diferentes protagonistas señalados por financiamiento electoral ilícito.

El Foro Guatemala pudo ser más concreto y en sus planteamientos insistir en la insostenible situación por la que atraviesa el país, y reclamar a quienes ocupan los más altos cargos asumir su papel con responsabilidad, idoneidad y menos descaro.