Las emergencias sanitarias, climáticas y sociales acaparan la atención y dejan fuera de la mira pública graves problemas que atentan contra la certeza jurídica y la sostenibilidad de inversiones, tan necesarias para trazar una ruta de mayor desarrollo económico para regiones como el suroccidente del país, en donde el Estado prácticamente brilla por su ausencia y deja a las empresas en indefensión ante abusos de fuerza cometidos por grupos acostumbrados al actuar irreflexivo con supuestos argumentos de precariedad.

Es toda una contradicción entorpecer el desempeño eficiente de compañías que traen inversiones a la región con la esperanza de crecer, expandirse, brindar plazas de trabajo directas e indirectas, así como incidir positivamente en la actividad comercial de la zona. Por aparte, la inacción de las autoridades ante estos sucesos envía un mal mensaje a potenciales inversores, pues no van a adquirir problemas que pueden evitar.

Las ocupaciones ilegales de propiedades, denunciadas por la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Mexicana (Camex), no solo amenazan la subsistencia de filiales de empresas establecidas en el área fronteriza, sino que constituyen un valladar infranqueable para atraer a nuevos conglomerados y para el desarrollo de proyectos binacionales como parques industriales o la construcción de una vía férrea entre ambos países.

De nada sirven los acuerdos de entendimiento, los estímulos fiscales y las facilidades viales en el futuro, si cualquier día, a cualquier hora, un grupo de personas decide invadir así como así terrenos en los cuales funcionan áreas de estacionamiento y almacenaje de materias primas, productos terminados o son espacios para futuras edificaciones.

Los candidatos a la Presidencia suelen incluir entre sus ofrecimientos el de atraer inversiones, y una vez en el cargo mantienen el ofrecimiento biensonante pero no siempre terminan de cumplirlo. Con la misma rapidez y oficiosidad con que mandan a bloquear diez cuadras alrededor del Congreso o del Palacio Nacional de la Cultura para evitar protestas ciudadanas, se deberían montar operativos efectivos para desalojar predios ocupados. Lamentablemente no ocurre así, y prueba de ello son las invasiones que afectan instalaciones industriales desde hace dos años y que entorpecen su productividad, pero sobre todo la del país.

Debido a que la pobreza constituye un caldo de cultivo que aprovechan mafias y grupos de narcotráfico, no queda lejos la hipótesis de que algunas de estas organizaciones estén detrás de este velado acoso, con el obvio fin de motivar la salida de las empresas y alejar la atención del Estado de esta estratégica región.

Este es el momento en el cual el gobierno de Alejandro Giammattei debe demostrar que no es solo un político más que se olvida de los ofrecimientos de apoyo a la inversión. La región fronteriza con México posee un increíble potencial de desarrollo comercial, industrial y también tecnológico, que a la vez puede significar una nueva era para la educación local de niños y jóvenes, con el fin, a mediano plazo, de evitar que tengan que emigrar rumbo al norte. Esto será posible solo si cada estamento del Estado cumple su deber de declarar la ilegalidad de las ocupaciones, ejecutar los desalojos y brindar la protección preventiva requerida para evitar que se repitan.