Una vez pasada cada algazara electorera sigue el reparto de arbitrarios feudos institucionales a los allegados, adláteres y nuevos aliados, comprados a fuerza de favores, contratos amañados y la debida impunidad para el dispendio legitimado por reglamentos clientelares, no técnicos. Ningún gobierno escapa de esta perversa piñata de cargos, con todo y sorpresas, pastel de presupuesto y gorritos oficialistas, los cuales se esconden y se cambian por otros en la ronda del año electoral y así hasta la siguiente piñata patrocinada por el erario.

Aunque parece un caso aislado, es una auténtica vergüenza para todo el Ejecutivo actual la contratación de un completo inexperto como director del Instituto Nacional de Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), entidad rectora del monitoreo de riesgos naturales. La detención de Yeison Samayoa, excandidato a diputado de Quiché por Prosperidad Ciudadana y quien trabajaba en Informática del Instituto de Fomento Municipal antes de ir al Insivumeh, sin experiencia alguna en el campo meteorológico, no hace más que poner en relieve la irresponsabilidad con la cual se transan los nombramientos.

Tal designación se habría dado como condición para lograr el apoyo del diputado Jorge García Silva, de la bancada Prosperidad Ciudadana, quien ha sido señalado de nexos con una empresa a la cual Samayoa adjudicó una compra sobrevalorada de equipo por Q22 millones para el Insivumeh. Sin embargo, el MP no anunció ninguna petición de antejuicio en contra del mencionado legislado y tampoco menciona a Edmundo Lemus, actual diputado por Quiché y exministro de Comunicaciones, cartera a la cual pertenece la institución meteorológica.

Más irrisorio aún resulta descubrir que la subdirectora del Insivumeh era una bachiller de apenas 23 años de edad y que tampoco tenía estudios o experiencia alguna en las disciplinas científicas necesarias en una entidad por cuya dirección han pasado brillantes expertos. En total fueron capturadas 18 personas por los presuntos delitos de estafa propia, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude y testaferrato.

El tema de fondo, altamente preocupante, es el deterioro institucional de entidades de servicio público, que quedan reducidas a meras dependencias burocráticas que ejecutan recursos al antojo y conveniencia de ocupantes oportunistas y de sus contratantes interesados. Un pretexto recurrente, inventado en el período de desgobierno anterior, es que se trata de puestos “administrativos”, por lo cual supuestamente no importa que los nombrados carezcan del mínimo conocimiento técnico: una falacia total. Es justamente esa ambición enfermiza por detentar fondos públicos la que lleva a la camarilla oficialista del Congreso a dejar de lado la discusión de una nueva ley de servicio civil, moderna, con exigencias de idoneidad y probidad. No les interesa, porque en ese caso tendrían que depurarse muchas otras dependencias. Pero ese es el precio que implica para la ciudadanía apoyar a oportunistas y arribistas que pagan por figurar en los primeros lugares del listado nacional o distrital.

Solo queda esperar a ver si este estertor del MP es el inicio de una secuencia de golpes en contra de la corrupción o un simple distractor respecto de otros casos, presumiblemente más voluminosos y con peces aún más gordos que intentan por todos los medios alfombrar su futuro con garantías de impunidad.