Ya desde comienzos de este año había síntomas de retroceso en el combate de los homicidios y femicidios en el país. La cifra de muertes de mujeres en enero fue de 52, la más alta desde julio del 2019, cuando hubo 61. Era el preludio de un deterioro en el cual concurren factores delictivos, pandillas, violencia intrafamiliar y deficiencias en la gestión de Gendry Reyes al frente del Ministerio de Gobernación, que se ha caracterizado por su prestancia para coordinar pelotones de policías para resguardar ciertas sesiones del oficialismo en el Congreso y por el abuso de fuerza en contra de manifestantes pacíficos.

Los datos son elocuentes y trágicos: en los primeros cinco meses del 2021 se cometieron mil 607 homicidios, un aumento del 23.42% en comparación con las cifras del mismo período de 2020. Mayo fue especialmente duro porque fueron asesinadas 363 personas, un aumento del 42% en relación con mayo de 2020, un motivo más para citar a las autoridades de seguridad, que probablemente serían de nuevo apañadas por la bancada y aleros oficialistas.

Es precisamente la sensación de impunidad, de ausencia de verdaderos planes policiales y la carencia de avances tecnológicos en el refuerzo de la seguridad lo que más contribuye a este deterioro. Crímenes recientes como el cometido contra la universitaria Melissa Palacios, en Zacapa, desatan la indignación general y el reclamo por un combate efectivo de tales barbaries. Desgraciadamente no es la única víctima y solo en esta semana se contabilizan, en el oriente del país, los casos de cinco mujeres ultimadas. Hasta mayo último el Inacif registraba 252 asesinatos de mujeres, 28 por ciento más respecto del mismo período del 2020.

Más nombres de madres, hijas, nietas, sobrinas se siguen sumando a la dantesca lista de historias y sueños truncados. Es inenarrable el dolor manifestado por familiares en sepelios de víctimas que va acompañado de lógicos cuestionamientos a las políticas de seguridad. A pesar de los avances en legislación, la justicia mantiene su parsimonioso paso y también su discrecionalidad. Esto viene a colación porque existen casos de funcionarias y políticas que invocan la Ley de Femicidio para librarse de críticos a su desempeño, con lo cual no solo debilitan la institucionalidad, sino que le roban oportunidad de atención a verdaderas víctimas cuya vida está en peligro.

A todo esto ¿en dónde están el ministro y sus viceministros? ¿En dónde están los mandos policiales para responder a este tipo de flagelos que enlutan a familias y desgarran futuros? El presidente, que se vendió en alguna de sus candidaturas como adalid de la seguridad ciudadana, no parece inmutarse ante el doloroso Gólgota que vive la ciudadanía, inerme ante el asedio de la delincuencia. Apenas el martes ocurrió un ataque mortal en el km 39 de la ruta Interamericana, los victimarios fueron grabados en video cuando corrían y abordaban un vehículo azul en el cual escaparon. Al momento no hay un solo reporte de la pesquisa para localizarlos.

Agentes policiales, por su lado, prefieren instalar minirretenes mañaneros en los cuales requisan a motoristas y vehículos al azar, en una lotería de alto costo de oportunidad cuyos resultados reales nadie registra ni clasifica como un elemental ejercicio de auditoría al poder que ejercen. Mientras tanto, en lugares cercanos se producen ataques armados, asaltos y exacciones que contrastan con las operaciones de pesca y error.