Las tragedias migrantes se siguen sucediendo, muy lejos del suelo guatemalteco, pero en el corazón de familias guatemaltecas, y como tal no deberían pasar inadvertidas. La politiquería ofrece condolencias en redes sociales pero continúa actuando como si no fuese un luto nacional, como si los rezagos del desarrollo que causan el éxodo masivo no fueran por causa de sus deslealtades, despropósitos, compadrazgos, abusos y la incapacidad o falta de voluntad para ponerse de acuerdo en una agenda nacional centrada en las necesidades de educación de calidad, salud integral, seguridad ciudadana eficiente y competitividad sostenible.

En un siniestro ocurrido dentro un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, México, perecieron 4o personas, de las cuales 28 eran guatemaltecas. Lo peor de todo es que cualquiera se lava las manos con un lamento superficial o culpando a las víctimas. La versión inicial señalaba que se trató de un incendio ocasionado por migrantes venezolanos encerrados en una celda. Poco después se difundió un video de seguridad en el cual se observa a guardias mexicanos abandonar el recinto cuando el fuego ya empezaba a extenderse, pero sin hacer el intento de abrir las rejas, una actitud indolente que recuerda el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en el 2018, que arrebató la vida a 41 menores bajo resguardo del Estado.

Ahora solo queda, otra vez, llorar las vidas perdidas, los sueños truncados y esperar la identificación de dará rostro a la congoja de las familias que quizá tenían una esperanza de salir adelante y a las que ahora solo les queda esperar una amarga repatriación. No son los primeros y no serán los últimos, mientras las condiciones de violencia, pobreza y falta de oportunidades sigan asolando numerosas regiones.

La desesperación empuja a los connacionales a marchar hacia lo incierto, a enfrentar un azaroso camino asediado por grupos delictivos, pero también por exacciones de autoridades venales. Basta recordar que sigue varado en México el juicio contra 12 policías acusados de haber participado en la llamada masacre de Tamaulipas, en la cual fueron ultimados y quemados 19 migrantes, 16 de los cuales eran guatemaltecos. Pero la mortandad viene de mucho antes.

El 23 de mayo del 2018, la migrante Claudia Patricia Gómez, originaria de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, fue asesinada al tratar de huir de un guardia fronterizo de Laredo, Texas. El 8 de diciembre de ese año murió Jakelin Caal, de 7 años, en un centro de detención migratoria en El Paso, y días después, en Navidad, falleció Felipe Gómez Alonso, de 8 años, originario de Yalambojoch, Nentón, Huehuetenango. En diciembre del 2021 murieron 19 guatemaltecos en un accidente de tránsito en una carretera de Chiapas. El 27 de junio del año pasado, 22 guatemaltecos perdieron la vida asfixiados en un furgón abandonado por tratantes de personas en San Antonio, Texas. El 20 de marzo último fue abandonado por coyotes un niño guatemalteco de 1 año y nueve meses, rescatado por agentes migratorios.

En toda esta cauda mortal deberían pensar los gobernantes cuando presumen de una estabilidad macroeconómica que no es obra suya, sino que está sostenida sobre los millardos de dólares enviados cada año por guatemaltecos radicados en Estados Unidos, un recurso que incluso se incluye como producto interno, cuando en realidad es fruto del esfuerzo de tantos connacionales que cambio reciben limitados e ineficientes servicios consulares y una gestión diplomática que más intenta defender al gobierno de turno que a sus ciudadanos.