Sin duda alguna la crisis desatada por la pandemia agudizó los dramas de necesidades de subsistencia y desesperación económica que por lo regular subyacen en la inercia cotidiana de países en vías de desarrollo como Guatemala. Deudas, precariedad, falta de oportunidades de empleo e incluso la imposibilidad —agravada por extorsionistas— de instalar un pequeño negocio en la calle o la puerta de una vivienda han conducido a miles de guatemaltecos a emprender un camino incierto, a migrar indocumentados hacia la frontera de Estados Unidos. Algunos quizá logran cruzarla, otros quedan varados del lado mexicano o son detenidos durante la travesía por este país. También hay incontables fallecidos o desaparecidos en el cruce de zonas desérticas de California, Nuevo México, Arizona y Texas.

Hace dos días fueron localizados 368 migrantes, 217 de ellos guatemaltecos, en un remoto campamento ubicado en las montañas de Tecpatán, Chiapas, en donde fueron abandonados a su suerte por inescrupulosos tratantes de personas. Pero no es el primero ni el único hallazgo de este tipo: el mismo 21 de noviembre fueron interceptados autobuses, en el estado de Veracruz, que transportaban 337 migrantes, entre ellos 105 guatemaltecos. Prácticamente no hay semana en la cual las autoridades mexicanas no reporten encuentros y capturas similares, evidencia de la prolongación de un éxodo del cual también forman parte familias y menores no acompañados.

Entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, la patrulla fronteriza de EE. UU. registró 2.3 millones de encuentros con migrantes, algunos de los cuales son repetidos intentos de cruce fronterizo. Esta cifra supera con amplitud los 1.7 millones de personas localizadas en el año anterior.

De los 2.3 millones de migrantes detenidos en la frontera, al menos un 10% son guatemaltecos, específicamente 231,565, cifra que supera los dos años anteriores y que es indicativa de la dimensión de la crisis que se vive sobre todo en áreas rurales del país. Desde 2020 han sido repatriados cerca de 2.3 millones de personas indocumentadas bajo el llamado Título 42, puesto en vigencia por el gobierno de Donald Trump durante la pandemia, para facilitar la expulsión de esos viajeros bajo la presunta sospecha de ser un riesgo para la salud. De 2020 a la fecha, 35 mil 315 connacionales han sido repatriados por esa norma, según cifras de Migración.

Ahora que un juez federal prácticamente ha puesto fin a dicha medida, antes denunciada por el presidente Biden, es previsible un nuevo desborde de migrantes provenientes de toda América Latina, Asia y África. A pesar de las capturas de decenas de traficantes de personas, la pobreza y el espejismo del sueño americano favorecen la difusión de falsas narrativas de supuestos permisos o facilidades para quienes llevan niños. Los coyotes y también bandas del crimen organizado en México se aprovechan de la ilusión y de la angustia para lucrar y llegan al extremo de abandonar a grupos cumpletos de viajeros en zonas inhóspitas.

Solo el desarrollo económico, el fomento de la productividad y los emprendimientos con asesoría y financiamiento accesible pueden frenar esta huida masiva. El estado de Derecho es clave porque los más recientes aumentos de caravanas migrantes provienen de países como Venezuela y Nicaragua. Los Estados están llamados a crear condiciones dignas de inversión, innovación y comercio, sin caer, claro está, en los asistencialismos electoreros que terminan convertidos en alambiques clientelares y antidemocráticos.