EDITORIAL
Experimento ignoto en la justicia mexicana
El ninguneo del mandatario mexicano hacia los embajadores, so pretexto de injerencia extranjera, viene precedido por seis años de intolerancia.
Amplio revuelo causó la “pausa” anunciada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en su relación con las embajadas de los dos países que, para más señas, son sus mayores socios comerciales directos, Estados Unidos y Canadá. La causa de la desavenencia son los cuestionamientos de sendos diplomáticos por un plan de reforma al sector judicial que viene desde el 2023, pero que ahora se perfila cada vez más probable. López Obrador dijo que se comunicará con los gobiernos, pero no con los embajadores, quienes señalaron los riesgos que implica la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia mediante voto popular, y en especial, la posible infiltración e influencia del narco.
Ya que Guatemala tiene un techo de vidrio y lleno de polvo en ese ámbito, no se puede descalificar de buenas a primeras la “propuesta” de López Obrador, que resurgió con fuerza después de la victoria electoral en las elecciones presidenciales y legislativas, que le darán una aplanadora al partido oficialista Morena a partir del 1 de octubre.
Sin embargo, aplicando problemas semejantes de injerencias politiqueras, riesgo de financiamientos sucios, postulación de delfines mafiosos o adalides antidemocráticos —todas situaciones detectables en Guatemala o México—, cambiar de tajo el sistema de definición de cortes se ve como una apuesta arriesgada e irreversible, puesto que casi rompe con el concepto de carrera judicial, meritocracia y aspiración a un carácter apolítico de este poder del Estado. Los otros dos están más definidos por variables políticas; es decir, son volubles y más sujetos a la alternancia. En la reforma mencionada los plazos de los ministros o magistrados electos sería de 15 años. En la actualidad hay una huelga judicial en México por la resistencia de magistrados, jueces y personal de Poder Judicial.
Guatemala atraviesa un proceso de selección de magistrados marcado por una tácita caducidad del concepto de postuladoras, que debe evolucionar para incluir a más sectores profesionales y productivos, y enfatizar el rigor ético y el juicio sistemático de trayectorias, nexos y antecedentes para la calificación de perfiles. Se debe cortar de tajo con la autoinvitación que se hacen quienes fundan “universidades”, solo para tener voz y voto en la definición de nómina de elegibles. Dicha permisividad deberá convertirse en una representación colegiada, pero no en un pase automático para traficar quien sabe qué intereses. Luego el Congreso elige de la lista planteada, otro espacio sujeto a discusiones y componendas.
El ninguneo del mandatario mexicano hacia los embajadores, so pretexto de injerencia extranjera, viene precedido por seis años de intolerancia a las críticas no solo de fuera sino también de dentro. Solo le cree a la prensa que le elogia y no a los medios críticos. Cabe recordar que también calificó de injerencia la captura del narcotraficante el Mayo Zambada en EE. UU., tras haber sido engañado por otro delincuente y entregado a la justicia. Poco le falta para abogar por él, pese a las muertes y toneladas de droga trasegada que se le atribuyen.
Si tanta es la democracia, debió permitir que el actual Congreso discutiera la reforma, pero mejor se lo dejará al siguiente, con más votos a favor. En Guatemala pasa lo contrario. A pesar de la laxitud y dilaciones de la postuladora, hay una criba pública constante y el Legislativo, como sea, tiene tantas facciones que obliga a la discusión pública. Además se votará de viva voz debido al precedente establecido. Aún está por verse si el experimento de despedida de López Obrador logra pasar. Ya hay decenas de enmiendas y también temores por conceptos como el de “jueces sin rostro”. Y habrá que esperar la reacción de los socios comerciales del T-MEC.
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