Entre enero y septiembre, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reporta al menos 2 mil 960 muertes por violencia en el país, cifra que refleja descuido, ineficiencia e incluso negligencia en el manejo de los planes de seguridad a cargo del Ministerio de Gobernación, cuyo titular, Gendri Reyes, está a un mes de cumplir un año en el cargo, tiempo durante el cual ha sido más efectivo para la instalación de anodinos plantones de policías alrededor del Congreso que para la implementación de planes serios, modernos y coherentes.

Cada vida arrebatada a un guatemalteco es una afrenta a la Constitución y un desafío a la función del Estado, sobre todo si los hechos suceden de una manera tan pasmosa e impune —hasta ahora— como la desaparición de las empresarias María José Echeverría Duarte y Paola Carolina Rímola Samayoa, así como del piloto Eliseo Fuentes, de quienes se perdió el rastro el viernes 8 y sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente en lugares distintos: Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez; Siquinalá, Escuintla; y Taxisco, Santa Rosa, municipio en el cual también fue hallado ayer, en un cañaveral, el vehículo en el que se conducían. Tan largo trayecto tuvo que dejar pistas para identificar a los responsables.

Solo dos días antes de esta desaparición, el miércoles 6, fueron halladas cinco mujeres ultimadas: una en San José Pinula, otra en Jutiapa y una más en la colonia Villalobos. Entre las víctimas mortales de esa jornada se cuentan dos lideresas comunitarias de Jocotán, Chiquimula: Dionalda Ramírez y María Elena Pérez, madre e hija. Estos trágicos sucesos cobran una dimensión aterradora al cotejar estadísticas y descubrir un aumento del 31% de femicidios de enero a agosto de 2021 y el mismo período de 2020.

Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Niña, una ocasión cuyo fin es promover una mejor defensa de los derechos, asegurar su sano crecimiento y políticas de desarrollo integral. La tarea es enorme y el panorama de las cifras es desolador: en ocho meses de 2021 hubo 21 mil 317 casos denunciados de violencia psicológica, 13 mil 753 de agresiones físicas y 5 mil 718 reportes de abusos sexuales. Del 1 de enero al 31 de agosto se presentaron 11 mil 486 denuncias de violencia intrafamiliar contra la mujeres: 3 mil 300 más que en 2020.

Las niñas y adolescentes son las madres, las profesionales, las funcionarias, las emprendedoras y, en todo caso, las responsables de la construcción de un futuro mejor para las próximas generaciones. Protegerlas implica también asegurar que padres y madres puedan transitar seguros, sin temor a ser abducidos o asesinados en descampado, porque muchas de las 2 mil 960 víctimas mortales tenían hijos e hijas a su cargo, eran cabezas de hogar y su ausencia tendrá un alto costo que ninguna estadística refleja. Aun así, poco hablan las autoridades sobre esta matanza dispersa pero constante que no tardarán algunos politiqueros de mano y cara dura en intentar aprovechar electoreramente.

El desafío es ineludible para las autoridades de Gobernación, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, que deben replantear sus procedimientos y prioridades a fin de atender esta complicada coyuntura. Es probable que existan componentes de desintegración familiar, conflictividad comunitaria, pugnas de grupos, nexos con redes delictivas, procesos judiciales y hasta con delitos de cuello blanco, pero esa es justamente la tarea en la que la fiscal general debería enfocar el tiempo que le resta en el cargo.