El tema es viejo y los intentos de los gobiernos por erradicarlo han sido incontables. Una de las notas publicadas en la primera edición de Prensa Libre, el 21 de agosto de 1951, se refiere precisamente a la lucha contra las drogas, que ya en aquel momento figuraba como una preocupación pública, aunque sin duda no tenía las amenazantes implicaciones para la seguridad ciudadana que posee hoy, cuando el país se ha convertido en un paso estratégico obligado para el trasiego de estupefacientes producidos en Sudamérica, mayoritariamente cocaína.

El 4 de diciembre último se produjo el más reciente hallazgo de una aeronave abandonada y destruida con claros indicios de haber sido utilizada para el transporte de droga. No se trata de aterrizajes forzosos, sino de la utilización de pistas clandestinas, en diversos puntos del país, en donde el infame cargamento pasa a medios terrestres para su transporte, almacenamiento y continuación de ruta hacia Estados Unidos.

Han sido contabilizados 47 aparatos —entre avionetas y jets—, de los cuales muchos han sido incendiados con el claro fin de borrar evidencias sobre proveniencia o tripulantes, aunque cabe señalar que muchos de ellos pertenecen a equipo registrado como fuera de funcionamiento en países sudamericanos; es decir, prácticamente se trata de chatarra enviada para un solo viaje. Ello por no mencionar aquellas trazas de vuelos clandestinos que lanzan cargamentos de droga al océano y retornan a sus puntos de origen. Según estimaciones de autoridades estadounidenses, los hallazgos no superan el 10% del total que sí logra pasar hacia el Norte.

Los controles cada vez más tecnologizados y acuciosos permiten encontrar más pronto las aeronaves en tierra, por lo cual estas llegan a áreas cada vez más inhóspitas. Prueba de ello son los múltiples hallazgos en regiones como Laguna del Tigre, en Petén, o territorios boscosos de Izabal. Fue precisamente en estas regiones en donde se ha reportado la destrucción de pistas de aterrizaje no autorizadas, en la continuación de esfuerzos por frenar el narcotráfico.

Los decomisos efectuados durante el reciente estado de Sitio, declarado en 22 municipios del nororiente guatemalteco, dejaron al descubierto las intentonas por cultivar y procesar la planta de coca en el territorio nacional, como una reacción estratégica a la creciente dificultad para acarrear la droga desde el sur. Afortunadamente, las condiciones climáticas del país son poco propicias para esa especie; no obstante, tampoco hay que descartar más intentos delictivos por aclimatarla. En los laboratorios confiscados se constató que no hubo éxito, aún, en la síntesis del clorhidrato de cocaína, sustancia resultante de la transformación de la materia prima vegetal.

Lamentablemente, los ensayos están a la vista y su continuidad es previsible, por lo cual el Estado debe asegurarse de detectar cualquier tipo de plantación de hoja de coca y de atajar todo indicio de procesamiento. Se hace necesaria una visión integral que impulse el desarrollo productivo, sobre todo agrícola y ecoturístico, de las comunidades, puesto que usualmente se trata de zonas apartadas, con recursos naturales atractivos, en donde el Estado ha estado ausente por décadas. Así también, la presencia institucional de la Policía, el Ministerio Público y el Organismo Judicial puede contribuir a cortar el paso a grupos delictivos que se disputan las rutas pero ahora también podrían estar en busca de extensiones potencialmente cultivables con ese veneno.