Es sintomático que durante semanas enteras se hayan dado denuncias de sospechosa permisividad policial con grupos de trata de migrantes e incluso posibles exacciones de agentes a indocumentados haitianos y de otras nacionalidades en el tramo fronterizo entre Agua Caliente y Esquipulas. Con la publicación de reportajes en Prensa Libre y Guatevisión que evidenciaron estas prácticas se incrementaron las deportaciones, pero, sobre todo, desaparecieron las patrullas apostadas antojadizamente en esa ruta, en retenes carentes de los ocho efectivos reglamentarios. El retiro de estos puestos de registro sospechosos fue más evidente tras la noticia, el viernes último, de que la Inspectoría General emprendió investigaciones para deducir responsabilidades, las cuales no deben quedarse en anuncio, sino arrojar nombres, cargos y sanciones en el corto plazo.

La Policía Nacional Civil (PNC) surgió en 1998, con la finalidad de suprimir la vieja cultura de represión, arbitrariedad y discrecionalidad que infestó a su antecesora, la Policía Nacional, que fue madriguera de cuerpos paralelos y comandos de sicarios, cuya historia y tropelías están ampliamente documentados incluso por sus mismos comandantes, prueba de lo cual son los archivos que detallan seguimiento, secuestro y ejecución de guatemaltecos en la década de 1980. Se necesitaba un cuerpo de seguridad civil enmarcado en la protección de garantías democráticas y por ello se estructuró la actual PNC.

En febrero de 2018, en el período de Jimmy Morales, vino la decapitación de la cúpula de la PNC, a pesar de los avances en la reducción de violencia. Con el pretexto de una “oxigenación”, se colocó como director a un exagente de la Policía Nacional.

A partir de entonces se han sucedido varios directores y también retrocesos en indicadores de seguridad. La más reciente de tales involuciones fue la decisión gubernamental de reducir el período de formación en la Academia de la PNC. De 11 meses de duración, que ya de por sí eran insuficientes, se redujo a cinco meses y medio, supuestamente para agilizar la graduación de agentes. Tal medida, en nombre de la “seguridad”, se podría equiparar con que en nombre de la salud se graduara a médicos en tres años, o en nombre de la infraestructura se graduara a ingenieros con 50% de los cursos.

La gran pregunta es: ¿Se busca tener calidad de agentes o solo contar con cientos de ellos para formar estériles vallas alrededor del Congreso durante jornadas enteras, en lugar de patrullar o efectuar labores de investigación de delitos? La Policía Nacional Civil debe recuperar la autoestima y la mística de servicio. Para ello es necesario que se dignifiquen las condiciones en las cuales viven, duermen y trabajan en las comisarías. Necesita, además, restructurar su operatividad a través de la redistribución de fuerzas y recursos con criterios de eficiencia y auditoría social externa por resultados. Precisa de un liderazgo asertivo, profesional y plenamente identificado con las necesidades de la población y no del ministro de turno.

La renovación policial requiere de mayor respeto a la institución, a sus valores y, sobre todo, a la ciudadanía, a quien se debe. Finalmente, sobre el polémico asunto de los retenes, estos deben contar con una reglamentación y un reporte en tiempo real de hallazgos; de lo contrario, adquieren la penosa sombra de ser puestos de exacción que recuerdan a su extinta antecesora de uniforme azul.