El asedio de la criminalidad, común u organizada, interna o transnacional, de bandas de forajidos o mafias de cuello blanco, no solo persiste, sino que busca constantemente ampliar su radio de acción, lo cual incluye la infiltración de estamentos del Estado. La Policía Nacional Civil no escapa a esa amenaza y prueba de ello son los múltiples casos en los cuales agentes y oficiales de la institución se han visto vinculados con hechos delictivos. Aun así se trata de la entidad clave para la seguridad ciudadana en el contexto de un estado de Derecho.

Desafortunadamente, la PNC no ha tenido el respeto institucional necesario y la debida conducción por parte de las autoridades de Gobernación a lo largo de sus casi 24 años de historia. El concepto original de una entidad dedicada a brindar seguridad ciudadana, con carácter técnico, logística centrada en inteligencia civil y la continuidad de jerarquías centrada en la carrera policial, fue trastocado repetidamente, incluso a pocos años de fundada. No hará falta hacer un repaso por toda la cadena de relevos arbitrarios, descuido de infraestructura y, sobre todo, la escasa importancia otorgada a las condiciones de trabajo y desarrollo profesional de los miembros de la institución. Llegaron a privar fidelidades y obediencias por encima de méritos documentados, con lo cual se perdieron capacidades de integrantes formados con la cooperación de fuerzas policiales altamente desarrolladas.

Están por cumplirse tres años de uno de esos truncamientos jerárquicos injustificados a la PNC, cuyas consecuencias no solo se deben analizar, sino también investigar, por sus posibles implicaciones dolosas. El 26 de febrero de 2018, el entonces ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, dijo que la súbita remoción de la cúpula policial, cuyos éxitos en la lucha contra la criminalidad fueron notorios, se debía a una “oxigenación”, eufemismo que se torna aún más paradójico al recordar que ya para enero de 2019 ese funcionario había destituido sin mayor explicación a 25 comisarios, subcomisarios, subdirectores, directores adjuntos y directores generales; la mayoría formados en la nueva doctrina policial, con recursos del pueblo de Guatemala y con años de servicio aún pendientes.

Al comenzar el actual gobierno fueron restituidos varios de los oficiales despedidos en el caótico período anterior. Su retorno sin duda devolvía algo de la institucionalidad malograda y de las expectativas desechadas. Sin embargo, como un absurdo déjà vu, acaban de ser destituidos otra vez, sin explicación alguna. Todos poseían amplia experiencia, formación doctrinaria y criterio profesional, por lo cual el relevo merece una explicación clara.

Actualmente se habla de una jugosa compra de cientos de autopatrullas y motocicletas, cuando en realidad la PNC necesita que se concrete la reforma institucional emprendida hace una década, la cual incluye la dignificación de los agentes. Se habla con fruición de una propuesta de devolver el Ejército a las calles, pero lo que se necesita son policías civiles mejor formados en el respeto al estado de Derecho y el servicio a los ciudadanos. La visión original de la Policía debe recuperarse como un asunto de seguridad nacional y de fidelidad a la misma Constitución de la República. Por otra parte, debe cesar la manipulación antojadiza de cuadros policiales, pues de ello solo se puede colegir total incapacidad o bien una intención deliberada de pervertir a esa institución.