En un mundo globalizado e hiperconectado puede considerarse un auténtico disparate cualquier intento gubernamental por ocultar o solo develar de forma parcial la información oficial sobre un viaje, no solo por la obligación de cualquier funcionario de explicar en qué invierte los recursos del erario, sino porque va en representación de una comunidad nacional y no de manera personal.

No obstante, continúan los casos de este tipo de manejos de la información pública, servida a cuentagotas, y el más reciente ejemplo es el intento de compra o adquisición de dos aviones Pampa III, fabricados por una empresa estatal argentina, sobre los cuales ya se habían dado algunas muestras de interés en enero, aunque las mismas fueron descritas como simples acercamientos para conocer características de dichos equipos.

Sin mayor aviso, el 2 de julio el mandatario Jimmy Morales se dirigió en viaje oficial a Argentina, después de asistir a la toma de posesión del gobernante panameño. La agenda solo citaba la reunión con el presidente Macri y una visita a la base aérea El Palomar. Desde un día antes, medios argentinos divulgaron la venta de dos aviones fabricados en ese país, por un equivalente a Q215 millones. El gobierno de Guatemala guardó silencio. Al consultarle al vocero del Ejército, dijo que solo se seguía evaluando la compra. El propio vicepresidente Jafeth Cabrera fue enfático al negar la transacción el 3 de julio, mientras que el propio gobierno argentino divulgaba a través de redes sociales el video del presidente Morales en la cabina de uno de los Pampa III y también había fotografías donde se le veía acompañado por la canciller Sandra Jovel y el Ministro de la Defensa, Luis Ralda.

Ante la presión de la opinión pública trascendió una modificación efectuada, un mes antes, a un tratado bilateral de cooperación firmado entre Guatemala y Argentina en 1980. Tal cambio buscaba invocar el acuerdo como amparo legal para validar aquella negociación. El 5 de julio, el ministro de Finanzas, Víctor Martínez, y el viceministro de Defensa, Gustavo Méndez, reconocieron en una citación legislativa que no había fondos disponibles para pagar los aviones. El lunes 9 de julio, el ministro Ralda reconoció la negociación pero argumentó que no se trataba de una compra, sino de una adquisición. Señaló que el aumento de vuelos no identificados en los cinco meses anteriores había puesto en alerta al Estado y que por ello se habían cotizado los aviones argentinos bajo el convenio de marras.

La modificación al tratado era inválida porque tenía que ser efectuada por las cancillerías y no por los ministerios de Defensa, pero además el mismo estipula que cualquier transacción debe regirse por las respectivas leyes de los países signatarios, es decir, en el caso de Guatemala, por la Ley de Compras y Contrataciones. Tal fue la conclusión de la Contraloría General de Cuentas que dictaminó desistir de la compra por esta vía, so pena de incurrir en una ilegalidad.

Como ya se señaló en este espacio, es necesaria la lucha contra el narcotráfico y es probable que se requiera de aeronaves y equipo complementario para la Fuerza Aérea. El costo de tal equipamiento se debe sopesar con otras prioridades nacionales en desarrollo humano para destinar los recursos posibles. Sin embargo, al desarrollar tal adquisición bajo secretismo y sin una licitación acorde a la ley, la misma quedó anulada por simple principio de transparencia en el gasto público.