La modernización del sistema político guatemalteco es indispensable para avanzar hacia la consolidación del sistema democrático. Las reformas incluyen acciones encaminadas al fortalecimiento de las organizaciones políticas, del sistema como tal y del órgano electoral, así como de la participación ciudadana.

Asimismo, merecen especial atención los cambios que se impulsen en torno al financiamiento de los partidos y las campañas electorales, por ser ejes transversales en la vida política permanente de las organizaciones y en el desarrollo de los gobiernos electos. Los cambios no deben relegarse a los comicios generales del 2023. El actual Organismo Legislativo debe enmendar las falencias del proceso observadas en el 2019.

En Latinoamérica el financiamiento electoral se asocia con escándalos de corrupción política y tráfico de influencias. Esto ha llevado a la demonización de la política y a que casi cualquier actividad o discurso de esta índole sea visto por la opinión pública como sospechoso. Cualquier vínculo con la corrupción o el crimen organizado agrava la crisis de credibilidad en los partidos políticos y en la democracia misma.

Prueba de este nexo es lo ocurrido en las últimas semanas con la Unidad del Cambio Nacional (UCN). La reciente vía libre para la cancelación de ese partido, después de perder las apelaciones ante el Tribunal Supremo Electoral, es el inminente final de una agrupación, cuyo fundador y último candidato presidencial, Mario Estrada, fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Según el Ministerio Público (MP), la UCN ocultó Q15 millones que recibió para la campaña del 2015. Asimismo, una auditoría sacó a la luz irregularidades en sus finanzas, como utilizar fondos de financiamiento público para cubrir gastos, la identificación de cuentas por pagar no registradas y la emisión de cheques no documentados, todo esto a nombre de ejecutivos del partido.

Por si fuera poco, en días recientes se llevó a cabo la captura de dos hermanos de legisladoras de la UCN. Primero, la de Henry Hernández Herrera, a quien el MP vincula con el cártel de los Huistas y es hermano de la vicepresidenta del Congreso, Sofía Hernández. Poco después se reportó la aprehensión del alcalde de Ocós, San Marcos, Carlos Danilo Preciado Navarijo, en Panamá, quien es requerido por la Justicia de Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico. El jefe edil es hermano de la parlamentaria Vivian Preciado, del mismo partido.

Las alertas se encienden porque los últimos hechos y actuaciones en el Legislativo demuestran que con sus 12 diputados, la UCN se ha constituido en el principal aliado político del pacto oficialista que maneja ese organismo y potencia su campo de acción ante cualquier reforma electoral que, en ninguna circunstancia y dados los hechos recientes, debe dejar de lado el financiamiento electoral.

La sola existencia de marcos legales no es garantía de ausencia de hechos ilícitos o escándalos políticos financieros. Por ello es preciso que simultáneamente a la vigencia de marcos regulatorios adecuados, existan órganos de control fuertes e independientes que vigilen los nexos financieros de las agrupaciones políticas y un régimen de sanciones eficaz.

Como Estado, Guatemala debe proponerse mejorar la legislación sobre financiamiento político y evitar el abuso y la compra de influencias en los partidos por parte de grupos de interés. Si esto se logra, al menos se habrá dado un paso dirigido a restablecer la confianza de los ciudadanos en el proceso político y garantizar un campo de juego equilibrado para la competencia entre los partidos.