Existe una fuerza fundamental que es la piedra de toque para todo el andamiaje constitucional, que le da sentido a todo el sistema político y que le provee de sustento a la acción legal: es la soberanía nacional proveniente del pueblo de Guatemala. La historia presenta lecciones de gobernantes de uno u otro signo que llegaron a creerse demasiado listos e iluminados, por lo cual procedieron a convertirse en tiranos, en déspotas, en sátrapas que torcieron leyes para justificar barbáricas potestades absolutistas, crudas persecuciones de críticos y opositores, alambicados parches legaloides para avalar reelecciones inviables. Los hechos exhiben su fracaso y también el daño causado al país que decían defender, pero al cual solo querían sojuzgar, con ayuda de aduladores y esbirros.

Por eso, tras tantas duras lecciones, entre 1984 y 1985 se diseñó un modelo de votaciones delegadas en manos de miles de ciudadanos voluntarios, a través de juntas receptoras de mesa, junta coordinadora de centro de votación, juntas municipales y juntas departamentales independientes.

El Tribunal Supremo Electoral es la máxima y única autoridad establecida en materia electoral. Certifica y da validez a cada proceso, coordina procesos administrativos, ejecución de fondos, inscribe partidos y candidatos, convoca a comicios para dar continuidad al relevo y alternancia de autoridades cuyo plazo está delimitado en la Constitución. Pero la votación en sí, el conteo de sufragios y el registro de cada acta de mesa descansa sobre ciudadanos. Si hay una impugnación, para eso está abierta la participación de fiscales de partidos políticos que deben registrar cualquier objeción durante la jornada electoral y el conteo de sufragios, para que sea analizada y, de ser justificada, proceder a su corrección.

Durante las votaciones del 25 de junio y 20 de agosto hubo impugnaciones, pero también hubo actas firmadas por cada integrante de mesa, incluyendo a fiscales. Era la instancia para señalar descontentos; pero estos, tras ser evaluados, no representaron mayor diferencia en los resultados. Todo el proceso de sucesivas actas fue atestiguado y validado por miles de ciudadanos.
Buscar minucias extemporáneas, ejecutar un inédito secuestro de actas, romper la cadena de custodia del material electoral, efectuar un supuesto conteo paralelo y tratar de equipararlo con el aporte masivo de ciudadanos han sido acciones inéditas del Ministerio Público que insultan a la ciudadanía que participó con voluntad e integridad en juntas. La acusación actual menosprecia, tácitamente, su inteligencia.

Nadie niega que algunos indicios presentados merezcan tener una pesquisa profunda para mejorar procesos políticos. Pero eso es muy distinto a atropellar estamentos de la Carta Magna y el debido proceso. Sugerir una anulación de los comicios con tanta precipitación denota otros fines, sobre todo porque estamos hablando de las elecciones más monitoreadas en la historia de Guatemala, por misiones nacionales e internacionales. El proceso democrático siempre ha sido amenazado por politiquería barata, asedio de mafias y ambiciones corruptas, pero nunca la ciudadanía ha fallado en su participación organizativa y votante, por lo cual se debe respetar su voluntad soberana, que es la base del Estado.