Los 115 diputados que avalaron el estrafalario presupuesto del 2024 ya demostraron de qué lado están, sobre todo quienes escenificaron farsas de oposición y críticas fingidas durante la etapa de propaganda de las pasadas elecciones, ya hoy validadas y certificadas. La inconveniencia, lesividad o incluso ilegalidad de enmiendas introducidas de manera negligente en la Comisión de Finanzas fue señalada por centros de investigación, profesionales de la economía, universidades —excepto la Usac—, empresarios organizados, analistas políticos, comerciantes y varios grupos sociales. Para mayor afrenta, al mamotreto se le adosaron a último minuto mañosos parches de curul, en un pleno atrincherado detrás de barricadas policiales y de espaldas a la ciudadanía.

Ahora solo resta la posibilidad de un veto del presidente Alejandro Giammattei contra el decreto de presupuesto, por antitécnico, opaco e inconstitucional. Cada vez se suman más voces que solicitan dicha medida ante la irresponsabilidad de los congresistas que bajo sus propias conveniencias distorsionaron el proyecto propuesto por el Ministerio de Finanzas.

Entre los mayores problemas se puede señalar la reducción inconsulta a varios ministerios, entre ellos Q300 millones a Salud, los incrementos de fondos para proyectos que ni siquiera están registrados, los aumentos a programas clientelares y oenegés ligadas a diputados y alcaldes oficialistas, la súbita colocación de fondos para “dragado de ríos”, un rubro prácticamente inauditable que solo draga fondos sin dar cuenta. No son menos graves los inauditos requisitos impuestos a la colocación de bonos del Tesoro y la eliminación de la asignación al Banco de Guatemala.

Tales incoherencias motivadas en animadversiones y convenencierismos representan un claro peligro para la viabilidad de la política de gasto público del siguiente gobierno, lo cual a su vez compromete la estabilidad y las certificaciones emitidas por calificadoras internacionales que tanto promociona el gobierno de Giammattei. Los más recientes pronunciamientos contra el irresponsable presupuesto provienen del Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), de la Cámara de Comercio, de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) y del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), lo cual pone en relieve la extendida y justificada preocupación generada.

El presidente Giammattei ha declarado en repetidas ocasiones su anuencia y propiciación de la transición democrática. La comunicación social del Ejecutivo saliente difunde notas sobre reuniones de varios ministerios y dependencias con delegados del binomio entrante, como una muestra de esta continuidad constitucional. Nunca faltan las suspicacias, sobre todo a causa de la crisis política detonada por las acciones del Ministerio Público en contra del Tribunal Supremo Electoral y de los comicios, que, igual, ya están certificados.

Sin embargo, el plan de ingresos y egresos del 2024 avalado por el oficialismo del Congreso sin mayor debate, con imprudencia y nocturnidad, impone mecanismos que implican una inconstitucional supeditación del próximo Ejecutivo al Legislativo, además de otras irregularidades antes expuestas. Vetar el Presupuesto y dejar en vigencia el actual para el próximo año no es la solución óptima, pero es mucho peor que cobre vida un monstruoso Frankenstein politiquero.