Desde tiempos inmemoriales, las regiones fronterizas entre países han sido focos de intercambio comercial y cultural, aunque también zonas de trasiego, traslado de drogas hacia puertos o mercados y, últimamente, trata de personas. En efecto, son áreas de alto potencial logístico, pero este, a menudo, no es debidamente valorado ni aprovechado, y menos aún protegido. Guatemala y México tienen una línea fronteriza de 956 kilómetros, demarcada oficialmente en 1882 mediante el tratado Herrera-Mariscal, que forma parte de los factores, personajes, decisiones oficiales e incluso cursos de ríos que marcan hoy la delimitación de ambas repúblicas.

Dicha región limítrofe ha adolecido, a través de la historia, de ausencia del Estado. No es sino en algunos poblados fronterizos que se instalan puestos policiales, aduanales y militares, con la correspondiente actividad comercial, financiera y de transporte. Con creciente gravedad, se registra un auge de grupos dedicados al contrabando de mercancías, trasiego de drogas, lavado de activos y trata de personas, con las lógicas caudas de inseguridad pública, impunidad e indicios de colusión de autoridades. Recientes asesinatos de empleados municipales de Ciudad Tecún Umán evidencian un afán de socavar la institucionalidad edil y del Estado.

En los municipios fronterizos de San Marcos, Huehuetenango y Petén han incursionado convoyes armados que perpetran masacres; otros grupos depredan maderas y especies animales. En el vecino Estado hay continuas balaceras, retenes ilegales, torturas y asedio de enmascarados que dicen pertenecer a dos carteles rivales que disputan rutas de paso de drogas en dicho país y en suelo guatemalteco.

Ante la escalada delictiva reciente, México retiró a personal de su consulado en Tecún Umán, una representación clave para efectuar trámites migratorios. Pero en Chiapas se registran airadas protestas de vecinos, por el impune actuar de grupos criminales. Del lado guatemalteco, la situación es también poco prometedora, sobre todo a 127 días del final del período de Giammattei Falla. Fueron enviados un centenar de policías y 75 soldados adicionales, como medida emergente, y ministros afirman que tal refuerzo se extenderá mientras sea necesario.

Es ese “mientras” el que exhibe la miopía de las políticas binacionales. Mientras no se establezca una certeza jurídica permanente en la región, a través del combate policial permanente, con procesos judiciales sólidos en contra de los delincuentes y cabecillas, la calma será otro rehén. El Gobierno ha implementado zonas de libre comercio para el establecimiento de empresas, por lo cual debió impulsar hace mucho un distrito suroccidental seguro, con fuerte presencia de las entidades del Estado, incluyendo, por supuesto, al Ministerio Público, que debería tener en esa región uno de sus bastiones de trabajo.

Pero además del componente de justicia, que hoy por hoy es débil, hace falta una fuerte transformación del sector educativo para generar mejores capacidades y, por ende, oportunidades laborales para niños y jóvenes. Los tesoros naturales de la región limítrofe que Mario Monteforte Toledo describió detalladamente en su obra La frontera móvil son otra oportunidad para el turismo comunitario, pero para ello se necesita inversión sostenida, de largo plazo, con visión integral. Infortunadamente, este abordaje suele toparse con una frontera de ineptitudes, necedades y miopías.