Hace casi año se produjo una intentona por apresurar el relevo en la presidencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entre otros argumentos, por la firma de un convenio para compra de medicamentos a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, el cual ha permitido el ahorro de más de Q1 mil millones, al evitarse los intermediarios o los contratos con dedicatoria, lo cual obviamente irritó a más de un proveedor desahuciado que buscó —y posiblemente busque aún, mediante conectes en el Congreso o el Ejecutivo— revocar tal medida, y no precisamente por el mejor interés de los afiliados.

Los activos del IGSS constituyen un patrimonio de la clase trabajadora del país, fruto de los aportes de empleados y patronos de la iniciativa privada. Teóricamente también el Estado debe aportar, pero a la fecha tiene una deuda impaga superior a los Q35 mil millones en cuotas atrasadas, las cuales no tienen visos de ser compensadas, pese a múltiples llamados de la institución, que se ha visto en la necesidad de hacer recortes en su presupuesto de gastos e inversión para no verse descompensada.

Las reservas monetarias del Seguro Social han sido vistas por ciertos gobiernos como un auténtico botín, y a raíz de ello se han producido actos lamentables como el desfalco de Q350 millones cometido durante el gobierno de Alfonso Portillo y el partido Frente Republicano Guatemalteco, un caso cuyo proceso judicial fue anulado sospechosamente pero luego revivió bajo la figura de lavado de dinero cometido por varios señalados. La estafa en la compra de tratamientos de diálisis defectuosos que causaron la muerte de casi 50 pacientes es otra muestra de la ambición que se cierne sobre esos recursos y adquisiciones.

Es posible que se puedan encontrar algunos aspectos cuestionables en la gestión de Carlos Contreras como presidente del IGSS, pero si nos atenemos a los resultados financieros, el último lustro de administración deja un crecimiento del 57% de las reservas técnicas, que hoy por hoy alcanzan los Q41 mil 737 millones, mientras que el portafolio de inversiones abarca Q42 mil 312 millones. Al inicio de su período las reservas técnicas eran de Q26 mil 515 millones y el portafolio de inversiones, de Q27 mil 135 millones, un avance que no solo se debe mantener, sino mejorar en la siguiente presidencia.

Por ese mismo volumen de recursos de esa institución es que resultaba sospechosa la sugerencia de remoción anticipada el año pasado y por lo que se pide al presidente de la República, Alejandro Giammattei, nombrar en el cargo a un profesional técnico, con experiencia en gestión pública, sin señalamientos ni conflictos de interés, por respeto a los afiliados y a las empresas que cumplen mes a mes con sus aportes, lo cual cobra mucho más peso si el Estado continúa sin honrar su adeudo.

Hay mucho por mejorar en el Seguro Social, sobre todo en lo referente a la renovación de instalaciones y equipamiento en clínicas y hospitales de la provincia, y lo mismo cabe decir de otros programas como el de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, que bien merecen una auditoría y revisión estratégica para poder apoyar a quienes lo necesitan sin descompensar las finanzas futuras. Si bien es cierto que la presidencia es solo uno de los seis votos de la Junta Directiva, debe contar con un prestigio profesional y ético para poder enfrentar los desafíos de una institución emblemática que este año cumple 75 años de haber sido fundada.