La agonía es diaria. La angustia es real. Las cifras de meses y años de actividad delictiva son números fríos que reflejan oleadas de mortífera violencia, pero hasta cierto punto llegan a ser solo indicadores que no reflejan el dolor y la incertidumbre de padres, madres e hijos que buscan a un familiar desaparecido. La esperanza es encontrar con vida a la persona, pero conforme pasan las semanas y los meses el anhelo es de siquiera poder localizar los restos para darles cristiana sepultura. Sin embargo, existen miles de casos en los cuales esto no ha sido posible.

Según las cifras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en 14 años, desde su inicio de operaciones, ha ordenado la sepultura sin nombre de 6 mil 413 personas en diversos cementerios públicos del país, en su mayoría en La Verbena, zona 7. Pese a los avances tecnológicos para este tipo de exámenes post mortem, esa cifra de potenciales crímenes siguen sin ser resueltos y similar número de familias mantiene un duelo abierto.

Cabe señalar que la labor de los médicos e investigadores forenses ha logrado reducir el número de anónimos sepultados: muchos presentan señales de muerte violenta, pero también hay fallecidos por atropellamiento, indigentes que perecen en las calles y enfermos hospitalizados a quienes nadie llegaba a visitar, a lo cual se sumó la pandemia, durante la cual hubo entierros colectivos de personas cuyos cuerpos no fueron reclamados. Sin embargo, antes y después de los momentos más mortíferos de la emergencia sanitaria ya había un alto número de casos de personas ultimadas, lo cual aviva la necesidad de mejorar los mecanismos de análisis forenses para dilucidar las causas del deceso y que a su vez conduzcan a sus victimarios.

El 60 por ciento de las inhumaciones sin identificación son de hombres, el 12 por ciento de mujeres y un 27 por ciento indeterminados, porque son unos pocos restos óseos o carbonizados que no permiten inferir el sexo de la víctima. El término XX utilizado para referirse a ellos surgió durante los años del conflicto armado interno, cuando se dio un frecuente hallazgo de guatemaltecos ultimados, algunos con señales de tortura. Lo paradójico es que aunque el enfrentamiento finalizó hace 25 años, la localización de restos ha sido creciente, con algunos años de descenso y un repunte a partir del 2019, pese a lo cual las autoridades han tratado de quitar importancia y llegado a restringir el acceso a los datos.

Para dar seguimiento a la eficacia de las estrategias gubernamentales de reducción y combate de delitos contra la vida es fundamental el papel del Inacif como ente rector de la labor de identificación, aporte de prueba científica de crímenes e indicios que conduzcan a los culpables de homicidios. Ayer asumió la nueva directora de la institución, Ingrid Romero Escribá, quien ha declarado que su prioridad será potenciar los criterios técnicos y científicos para cumplir la misión que le encomienda el pueblo de Guatemala. El Inacif goza de autonomía y no está supeditado a ningún funcionario ni agenda de conveniencia.

La violencia y la criminalidad suelen cobrar relevancia en año electoral por el impacto social y humano que generan. En algunos períodos se han detectado sospechosos auges sangrientos que coinciden con ofrecimientos de mano dura y pena de muerte. En todo caso la mejor disuasión es la justicia pronta y cumplida, con el examen y registro de necropsias que solo el Inacif está facultado a proveer, pero para lo cual precisa contar con los recursos para optimizar su cobertura y servicio.