Editorial
Grave incidente de PNC es un desafío de gestión
La PNC es la entidad obligada a velar por la seguridad pública, pero para ese fin es clave el respeto a las garantías ciudadanas.
La captura de cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asignados a San Andrés Itzapa, Chimaltenango, y la fuga de un subinspector a cargo de la subestación local constituye un escándalo mayúsculo e incómodo, que debe ser abordado de frente y con consecuencias ejemplares. A estos elementos se les señala de ser los presuntos hechores de una detención ilegal —que no fue registrada en la bitácora policial—, de propinar una mortal golpiza a un ciudadano extranjero que habría portado un considerable monto de efectivo y se habría resistido al arresto. También son sospechosos de la desaparición de un vecino iztapeño, Edin Leonel Xi Choc, al parecer detenido en el mismo incidente. La subestación policial fue saqueada e incendiada la madrugada de ayer por una turba de supuestos vecinos que exigían la aparición de Xi Choc y denunciaban abusos de la PNC del lugar.
Cuando está por cumplirse el plazo de 100 días del actual gobierno, este hecho amenaza con absorber la atención por sobre cualquier otro anuncio de acciones y resultados. La corrupción y la inseguridad son los dos temas que han dominado las conversaciones en redes sociales, de acuerdo con un estudio publicado hoy por Prensa Libre. Ambas temáticas se ven mezcladas en el incidente de Iztapa.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, publicó un mensaje en la red social X en repudio ante cualquier abuso y asegurando el castigo para policías infractores, a la vez de instar a los efectivos de la PNC a apegarse a la ley en el desempeño de sus funciones. No obstante, el asunto es de tal gravedad, en especial porque las denuncias comenzaron el viernes, que el titular de la cartera debió hacerse presente en la comunidad para conocer de primera mano los hechos, entrevistarse con autoridades y templar los ánimos.
Las sospechas de abusos por parte de agentes policiales no son nuevas, pero quedan a menudo eclipsadas por la vorágine de sucesos, el temor a represalias por denuncias y hasta la misma desesperanza de que un señalamiento prospere. Prosiguen los retenes antojadizos de autopatrullas, con solo dos o tres policías —no los ocho reglamentarios—, cuyos resultados reales y manejo in situ se desconocen, sobre todo en la provincia. La PNC es la entidad obligada a velar por la seguridad pública, pero para ese fin es clave el respeto a las garantías ciudadanas; de lo contrario, deshonra su propia razón de existir. Aquellos que a partir de este hecho reclaman una militarización, caen en una demagogia regresiva, pues tal medida ha demostrado ser ineficaz.
Es preciso emprender una revisión de procesos y evaluaciones en la admisión, formación y evaluación de los agentes, buscar correlaciones en las hojas de vida de estos y otros elementos señalados, así como revisar los plazos de formación y capacitación, los cuales fueron recortados por el anterior gobierno para graduar más agentes, en detrimento de la calidad del personal.
Este lamentable hecho debe aprovecharse para reforzar y atender los canales de denuncia ciudadana sobre el desempeño de la PNC. Asimismo, la institución debe contar con canales de retroalimentación interna, que permitan reportes de anomalías. A priori no se puede diagnosticar si es un incidente puntual o un mal diseminado. El propio presidente Bernardo Arévalo debe pronunciarse y seguir de cerca el devenir del asunto, porque este suceso infausto, quizá aislado, pone en la picota la política de seguridad ciudadana de su gobierno, pues es la realidad que percibe y preocupa al ciudadano y demanda una atención inmediata. La confianza ciudadana en la PNC es clave para el combate de la delincuencia común y organizada.
ESCRITO POR:
