Editorial
Guatemala merece una elección íntegra de CSJ
Este es el tiempo de la dignidad de la ciudadanía que defendió su decisión en las urnas.
Guatemala vale la pena, a pesar de tanto traficante de influencias, de tanto explotador de discrecionalidades, de tanto politiquero inescrupuloso, de tanta mediocridad en busca de oscuros privilegios, de tanto facineroso en procura de conectes en el Estado, especialmente en el aparato de justicia, para tratar de continuar ahondando pestilentes propósitos. Vale la pena el esfuerzo para procurar un país más equitativo, con mejores perspectivas de desarrollo, certeza jurídica y competitividad que brinde mejores oportunidades para los guatemaltecos. Por un mejor futuro para Guatemala vale la pena buscar los consensos éticos y los acuerdos de largo plazo para renovar los estamentos del Estado, bajo el ojo auditor de la ciudadanía honrada que con sus impuestos sostiene el aparato de servicio público.
Gracias a la desidia o la deliberada parsimonia de la anterior legislatura, dominada por la bancada Vamos y adláteres, la elección de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones se retrasó casi cuatro años y por ello designaron, da última hora y bajo presión, a los actuales magistrados, cuyo período finaliza el 13 de octubre próximo. Es decir, en este mes de abril debe convocarse a la integración de una comisión postuladora para calificar perfiles de cara a la elección de la CSJ 2024-2029, que debería efectuarse sin dilaciones.
El Consejo de la Carrera Judicial debe notificar al Congreso de la República y este dar inicio al proceso mencionado. Los antecedentes son nefastos: el pacto entre los extintos partidos Patriota y Líder para definir a los magistrados que asumieron en 2014 y que, a falta de sucesores electos, se extendieron hasta 2023, gracias a la indolencia o más bien la conveniencia del oficialismo anterior. A ello se debe que la actual CSJ tenga un plazo límite de solo once meses, que vence el 12 de octubre de 2024.
En las semanas previas a Semana Santa se acusaba la falta de acuerdos en la alianza que obtuvo la directiva del Congreso. Opositores del gobierno electo en las urnas en el 2023 incluso celebraban estas diferencias como una debilidad e incluso como una falla irresoluble, causada por la elección de gobernadores, las revisiones en obra pública e incluso el cambio de polaridades ediles.
Sin embargo, a la luz —o mejor dicho, a la sombra— de despotismos nada ilustrados como los de Nicaragua, Venezuela o Cuba, las diferencias parlamentarias no son sino los engranajes de la democracia en funcionamiento. Oficialismos obtusos e intolerantes como el que la ciudadanía guatemalteca castigó en las urnas el año pasado se sentían en control absoluto del erario y de los hilos del poder hasta un punto que trataron de copar los contrapesos institucionales. Pero no contaban con la inteligencia del votante, quien repartió su representación de tal manera que obliga a reflejar múltiples posturas, métodos y paradigmas, incluyendo onerosos fiascos pretéritos.
“La vida vale la pena a pesar de tanto corrupto y envenenador”, dijo el fallecido cantautor Facundo Cabral, ultimado en Guatemala en 2011, en medio de un caos violento, pero sigue vivo en sus versos y canciones. De él puede parafrasearse que Guatemala vale la pena a pesar de tanto corrupto y envenenador, de tanto vendepatrias, de tanto funcionario autocrático, de tanto estafador. Cada bancada electa hizo ofrecimientos en campaña y debe honrarlos. La elección de nueva CSJ no es un botín que se reparte entre ladrones, sino un compromiso con la patria, un deber que vale la pena cumplir a conciencia, sin secretismos ni fajos de billetes en oscuros cónclaves. Este es el tiempo de la dignidad de la ciudadanía que defendió su decisión en las urnas: merece una elección de cortes íntegra, porque ya suficientes fiascos, abusos y retrasos se han padecido.
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